El macrojuicio que contra una presunta red de tráfico de drogas integrada por 13 miembros se ha celebrado en la Audiencia concluyó ayer con dudas sobre la culpabilidad de los sólo tres acusados que aún figuran como imputados --los 10 restantes, entre los que figuran un policía nacional de Coria, así como camareros y dueños de bares de Cáceres, Las Hurdes y Navalmoral, fueron condenados el lunes al declararse culpables y llegar a acuerdo con el Ministerio Fiscal sobre sus condenas, todas de entre un año y medio y 5 años de prisión--.

La fiscal consideró probada la culpabilidad de los tres acusados y mantuvo sus peticiones de prisión "en base a las escuchas telefónicas", mientras que los abogados de los acusados pidieron la libre absolución "por falta absoluta de pruebas" contra ellos.

Basaron su apreciación, fundamentalmente, en las declaraciones de los 13 agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de Policía que hicieron la investigación por la que en noviembre del 2004 se practicaron las detenciones, y que ayer declararon en el juicio.

Todos manifestaron en la vista que actuaron por sospechas e indicios de delito apreciadas en las escuchas telefónicas, pero reconocieron al mismo tiempo que a ninguno de los tres acusados se les incautó droga alguna ni se les sorprendió vendiendo o haciendo transacciones.

Se trata de Pedro N. G., uno de los principales imputados por ser acusado de suministrar la droga a Arsenio Jiménez --considerado el cabecilla de la red y al que se ha impuesto la mayor condena, 5 años de prisión--, que luego éste, junto con su hijo Rubén y su esposa, se encargaba de repartir desde su domicilio de Santa Joaquina de Vedruna al resto de los acusados para su venta a terceros. Carolina M. M., acusada de comprar droga a Arsenio para venderla a terceros en el bar que regentaba en Cáceres; y Atanasio P. A., acusado de actuar como intermediario de Arsenio para captarle vendedores.

PETICIONES La fiscal consideró "suficientemente acreditada la comisión de delito por los tres acusados" y pidió prisión para todos, aunque con reducción en las penas para dos de ellos. Así, mantuvo su petición de 9 años de prisión y una multa de 45.000 euros para Pedro N.; bajó la petición para Carolina M., por estimar para ella la atenuante de adicción a las drogas, de 5 a 3 años; y la bajó de 3 a 2 años para Atanasio P., por imputarle el delito en grado de tentativa.

Para los tres abogados de los acusados, que piden su absolución, "en este juicio ha habido de todo menos pruebas".

Gonzalo Boye, abogado de Pedro, advirtió que todos los policías "han reconocido que nunca encontraron droga en posesión de mi representado", y añadió, "no se puede condenar ni a un solo día de cárcel por algo que no es ni indicio y Pedro lleva ya 16 meses preso, lo que nos parece un abuso y por lo que exigiremos responsabilidades".

Para el abogado de Carolina, Juan Manuel Rozas, lo único que se ha probado es que "mi cliente es una persona joven, que en su día consumía drogas y que compraba sólo para su consumo, no para vender como ha tratado sin éxito de demostrar el ministerio fiscal". Y Angel Aparicio, abogado de Atanasio, indicó: "la única sentencia que se puede dictar para él es la absolutoria, pues no se ha probado nada y sería algo insólito en derecho penal que por un indicio se le condenara por tráfico de drogas".