La Consejería de Fomento estudia impugnar el concurso que ha convocado el ayuntamiento para la venta de nueve parcelas de propiedad municipal con destino a viviendas de protección oficial. El director general de Urbanismo, Víctor Zarco, aseguró ayer que el pliego con las condiciones de la enajenación del terreno no se ajusta a la legislación sobre política de vivienda. Zarco recordó que la repercusión del valor del suelo en el precio final del piso "no puede exceder del 15%, y hay casos en los que se supera el 25% en relación al aprovechamiento real de la parcela".

La consejera, Leonor Martínez Pereda, ya realizó manifestaciones en este sentido el 25 de junio, entonces aseguró que no se cumplía el requisito del 15% de la legislación de política de vivienda de noviembre de 1978.

A diferencia de Fomento, el ayuntamiento considera que ese porcentaje no tiene que aplicarse en este concurso, al estimar que es un parámetro para casos en que el promotor pida subvención a la administración para la adquisición de suelo destinado a vivienda de protección oficial. El ayuntamiento obtiene el valor que da al terreno de conjugar varios factores: costes de producción de una vivienda, el beneficio industrial medio que obtiene la empresa en estas promociones y la consecución de recursos por parte del consistorio para, en cumplimiento de la Ley del Suelo, revertirlos en patrimonio municipal de suelo y actuaciones relacionadas con el urbanismo.

OTROS MOTIVOS Zarco explicó que hay otros dos motivos para la impugnación: la Ley del Suelo obliga a que el patrimonio municipal se enajene mediante concurso, y en este caso el proceso que se sigue es "una subasta encubierta"; y además el ayuntamiento establecería un contrato de compra-venta con el adjudicatario, cuando lo indicado sería otro tipo de contratación especial que permita al consistorio mantener la potestad sobre el terreno hasta que esté garantizada la finalidad última de todo el proceso, que es la ejecución de viviendas de protección oficial.

Las dudas de la consejería no son las únicas, ya que la federación de empresarios de la construcción (Fecons) ha presentado reclamaciones, lo que, según la convocatoria del concurso, que se abrió el pasado día 25 por periodo de un mes, obliga a que se aplace hasta que se resuelvan.

La Fecons duda de que se pueda llevar a la práctica la condición de que se harán viviendas de protección oficial en cualquiera de sus regímenes, ya que ocho parcelas están en polígonos que se reclasificaron por la Ley del Kilómetro, que, aunque no esté ya en vigor, sólo admitía los pisos de régimen especial con un precio máximo que es inferior a los de régimen general.

La Fecons argumenta que el consistorio valora las parcelas partiendo de los precios para régimen general y se pueda dar el caso de que la empresa que adquiera el terreno sólo pueda hacer pisos de régimen especial.