La Junta de Extremadura tendrá afrontar las expropiaciones para realizar la ronda sur-este de Cáceres y será la responsable de los gastos que ocasiones su uso y su mantenimiento.
Estas obligaciones van a ser plasmadas en un convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres para la ejecución de las obras de la ronda sur-este en el tramo Ex 206-521.
Así ha sido aprobado hoy en la Comisión de Urbanismo, Patrimonio y Contratación del consistorio cacereño.
Así, se determina que, con respecto a los terrenos sobre los que va a discurrir la ronda sur-este, el órgano expropiante será la Junta y el ayuntamiento pondrá a disposición del Ejecutivo regional todos aquellos terrenos de los que ya es titular y que discurran por el trazado.
También se contempla que el ayuntamiento ponga a disposición de la Junta cualquier otro terreno que pudiera venir por cesión futura.
En cuanto al mantenimiento de la infraestructura, una vez finalizada la obra, la Administración regional se hará cargo de todos los gastos que ocasione el uso, mantenimiento, la conservación y explotación de la plataforma de la futura ronda.
El ayuntamiento, por su parte, se encargará de los gastos del uso, mantenimiento, conservación y explotación del resto de la obra ejecutada (alumbrado, jardinería, semaforización, carriles bici, zonas peatonales, mobiliario urbano, abastecimiento y saneamiento).
El presidente de la comisión, Valentín Pacheco, ha valorado el trabajo que se está realizando de manera conjunta para que se ponga en marcha esta infraestructura tan necesaria para la ciudad de Cáceres.
El convenio ha sido aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión.
Por otra parte, este órgano también ha dictaminado favorablemente a la prórroga del contrato de concesión del servicio de Limpieza, Mantenimiento, Conservación y Vigilancia de dependencias y pistas deportivas municipales.
La prórroga ha contado con los votos favorables de PP y Ciudadanos y el voto en contra de PSOE y CáceresTú.
En materia de contratación se ha aprobado por unanimidad dos expedientes para la "declaración de prohibición" de contratar con dos empresas.
En concreto, esa prohibición es para Adomi Sacor Sl y la Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne SL, ambas por no estar al corriente de pagos con la administración, lo que les impide concurrir a concursos públicos.
En esta misma área también se ha dictaminado sobre el recurso de reposición contra la imposición de penalidades por incumplimiento en el contrato de energía y gestión energética del alumbrado público presentado por la empresa SICE.
La comisión ha desestimado, por unanimidad, dicho recursos, por lo que sigue la imposición de penalidades por incumplimiento.
