La Junta de Extremadura dijo ayer a preguntas de este periódico que garantiza la seguridad jurídica necesaria a los empresarios que quieran invertir en la región. «Por ello, dado que una explotación minera como la de Valdeflores depende de los planes urbanísticos municipales, y el Ayuntamiento de Cáceres ya se ha pronunciado negativamente al respecto, esta competencia de carácter exclusivo municipal no puede ser modificada por la Junta de Extremadura», aseguró el gobierno regional.
En ese sentido, desde el Ejecutivo extremeño «se trabaja para garantizar la instalación de todos aquellos proyectos que, cumpliendo con la ley, quieran instalarse en la región». La actual Ley de Minas, añadió, «es muy garantista y rigurosa en materia ambiental y de seguridad. Por ello, la Junta de Extremadura al amparo y en cumplimiento de la ley, respeta escrupulosamente los derechos de todas las partes a las que pudiera afectar un proyecto minero: el del promotor para que se desarrolle con normalidad el Estudio de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto que presenta ante la Administración. Y el de la sociedad en general que tiene la oportunidad de conocer hasta la última letra del expediente para que puedan hacer sus aportaciones o alegaciones en contra del proyecto».
En este sentido, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía e Infraestructuras, actuará «en este caso con normalidad, como ante cualquier proyecto minero o de otro tipo, y esperará a disponer del citado informe ambiental para dar la oportunidad de pronunciarse a todas las partes, ciudadanos, asociaciones, entidades, etcétera, a favor o en contra del proyecto», concluyó.
