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EL JUZGADO DIO LA RAZÓN A LA PRIMERA ADJUDICATARIA DE LAS OBRAS Y ANULA LA LIQUIDACIÓN DE 5 MILLONES A FAVOR DEL SES

La Junta recurre la sentencia que anula la suspensión del primer contrato del hospital de Cáceres

Tras analizar los técnicos el dictamen reiteran que éste no afecta a la reanudación de los trabajos. El Ejecutivo regional busca así ganar tiempo mientras acuerda con la UTE el pago de lo que le adeuda

 

Una imagen de archivo del estado de las obras del nuevo hospital de Cáceres, que se reanudaron el pasado verano tras llevar cuatro años paralizadas. - FRANCIS VILLEGAS

Sira Rumbo Ortega
11/01/2017

La Junta de Extremadura ha decidido presentar recurso de apelación contra la sentencia del juzgado de lo contencioso de Mérida que anula la suspensión del primer contrato de las obras del nuevo hospital de Cáceres, que fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Joca, FCC y Placonsa. Días después de conocerse el dictamen el Ejecutivo autonómico anunció su intención de no recurrir, pero ahora, tras analizar a fondo la sentencia, ha decidido ejercer su derecho de defensa, con el objeto, asegura el Servicio Extremeño de Salud (SES), de velar «por los intereses generales». En definitiva lo que busca es que este proceso sea lo menos costoso posible para las arcas regionales, añade.

El dictamen se conoció a principios del mes pasado. Tal y como adelantara este diario el juzgado declara nula la rescisión del contrato con la primera UTE adjudicataria, que se hizo efectiva en septiembre del 2013. El gobierno de José Antonio Monago justificó la decisión alegando que la empresa había solicitado dos modificados de obra por valor de 9 millones de euros cada uno (uno de ellos se concedió, pero el segundo fue el que originó el expediente para resolver el contrato).

El juzgado también dictamina que la Junta de Extremadura tendrá que devolver las garantías y los avales incautados a la UTE y pagar los intereses legales de las cantidades ejecutadas. Además deja sin efecto la liquidación derivada de la resolución del contrato, que arrojó un saldo a favor de la administración de 5.028.436 euros y en la que se acordó la incautación de los avales de acopios hasta 1.152.008 euros.

Con la presentación del recurso el Gobierno regional busca además ganar tiempo, mientras mantiene conversaciones con las empresas afectadas para acordar el pago de lo que se les adeuda. «El recurso de apelación es la forma de regular la defensa de los intereses generales y se ha optado por ella al mismo tiempo que ya se han iniciado conversaciones con las empresas. El recurso también permite más tiempo para esas conversaciones, ya que la intención del SES en todo momento es llegar a un acuerdo que vele por los intereses de las dos partes y sea lo menos gravoso para los extremeños», indicaron exactamente desde la Junta.

El juzgado de Mérida estimó el recurso contencioso administrativo presentado por esta UTE aludiendo a dos razones. Una formal, ya que la administración sobrepasó el plazo de tres meses para notificar la resolución y el expediente caducó. Y otra de fondo, ya que, asegura, no se puede responsabilizar a la UTE del retraso en la ejecución de las obras.

PROYECTO INCOMPLETO / El juzgado añade además que, de todas las pruebas y declaraciones de las partes implicadas, se deriva que el proyecto inicial estaba incompleto y que fue necesario ampliar unidades de obra y esperar partidas, cuya ejecución dependía de suministradores externos contratados por el SES. Todo ello, subraya la sentencia, unido a que hubo «un exceso en las mediciones», supone que la UTE no fue culpable de los retrasos en la obra.

Asimismo la sentencia señala que el segundo modificado soliccitado por la UTE a pesar de ser rechazado, era necesario. Prueba de ello es que en el contrato de reanudación de la obra (se reanudó el pasado verano) se incluyen esas partidas, destinadas a la construcción de servicios y unidades necesarias para poner en marcha el hospital, como son las urbanizaciones, los accesos, la marquesina, la farmacia hospitalaria, la acometida de gas natural y las instalaciones de cocina.

La UTE pidió en 2014 al juzgado que dictara una suspensión cautelar contra la resolución del SES de septiembre de 2013 hasta que hubiera sentencia, pero lo desestimó. Esta decisión fue ratificada meses después por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), al rechazar el recurso presentado por la UTE.

En febrero de 2015, el director gerente del SES aprobó la cuantificación de la liquidación derivada de la resolución del contrato, que arrojó un saldo a favor de la administración de 5.028.436 euros, cantidad que se tenía que hacer efectiva sobre la garantía constituida, además se acordó la incautación de los avales de acopio hasta que se llegase a la cantidad de 1.152.008 euros. La UTE también pidió la suspensión cautelar del acuerdo de liquidación, reclamación que no fue aceptada ni por el juzgado ni posteriormente por el TSJEx.

LAS OBRAS SIGUEN / Las obras del nuevo hospital estuvieron paradas cuatro años, a pesar de que la primera fase estaba ejecutada al 91%. Los trabajos se reanudaron a finales del pasado mes de julio y actualmente continúan. La terminación de esta fase fue adjudicada por 13,5 millones de euros a la UTE formada por San José y Magenta, empresa que continuará ejecutando la obra. «Consideramos que la decisión adoptada en la anterior legislatura ya ha sido lo suficientemente costosa, tanto en tiempo de demora para terminar el hospital como en el aspecto económico por el sobrecoste en la reanudación de la obra. Nuestro análisis de la sentencia es que no afecta a la actual adjudicataria ni a la obra», reiteraron ayer desde la Junta.

Se espera que la primera fase del nuevo hospital pueda abrir sus puertas a finales de este año. Las obras deberán terminarse durante el próximo verano.

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3 Comentarios
03

Por pagafiestas 18:09 - 11.01.2017

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Todo un ejemplo de chapuza administrativa con importantes sobrecostes que pagaremos a escote. En cualquier caso, mucho ha tardado la Junta en tomar la decisión de recurrir la sentencia.

02

Por PLATANO CANARIO 10:15 - 11.01.2017

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y lo peor de todo: la justicia da la razón a las empresas, hay que pagarles todo lo que se deba, habrá indemnizaciones de todas clases a las compañías y la Junta recurre, no porque no comparta la sentencia, sino para demorar los pagos...Dios mío ¿que hemos hecho los cacereños para merecer estos castigos?

01

Por PLATANO CANARIO 10:11 - 11.01.2017

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dice la noticia: "El gobierno de José Antonio Monago justificó la decisión alegando que la empresa había solicitado dos modificados de obra por valor de 9 millones de euros cada uno (uno de ellos se concedió, pero el segundo fue el que originó el expediente para resolver el contrato)". Y yo pregunto ¿que tipo de licitación de proyecto y obra se redactó para que posteriormente las empresas tuvieran justificaciones suficientes para solicitar 18 millones de euros? ¿acaso estaba planificado que la obra costase el doble de lo presupuestado y adjudicado? todo esto no nos confundamos...no es responsabilidad de Monago que es al que pasan la patata caliente, esto viene de la primera legislatura del forense. ¿no va a depurar responsabilidades entre los funcionarios de alto nivel que participaron en la confeccion del pliego de condiciones del concurso? Esto es un escándalazo.