La operación de desalojo llevada a cabo esta semana por la Agencia Extremeña de la Vivienda en pisos sociales de Aldea Moret sigue dando sus frutos. Dos nuevos inquilinos ilegales entregaron ayer voluntarmiente las llaves para evitar una desocupación a la fuerza, según confirmó la coordinadora de la actuación. Con éstas, son ya 16 las casas que vuelven a la legalidad y que se ofrecerán a nuevos demandantes con necesidades.

Aunque ayer ya no se llevaron a cabo más desahucios y los 70 antidisturbios que el miércoles y el jueves tomaron la barriada de La Esperanza abandonaron sus posiciones, va haciendo efecto la advertencia de la Junta a los ocupantes ilegales de estas viviendas de que si las desocupan pueden optar a la adjudicación de las mismas cuando salga la convocatoria.

En Plasencia, en la barriada de La Data, se desarrolló el mismo operativo y se desalojaron 11 viviendas, pero se han conseguido recuperar 91.

La responsable de la Agencia de la Vivienda en esta actuación reiteró ayer que los pisos recuperados se repararán de forma inmediata para que puedan volver a ser ocupados en el menor tiempo posible. En otros casos, se están destapiando algunos que estaban vacíos, también para comprobar su estado y reformarlas. Al mismo tiempo, se ha instado al Ayuntamiento de Cáceres a que abra el plazo de solicitud para aquellas personas en situación de necesidad.

CHABOLISMO Asimismo, la representante de la Agencia consideró infundado el temor vecinal de que los desalojos puedan degenerar en núcleos chabolistas en la barriada de Aldea Moret. "Lo mismo ocurrió en Plasencia. Hubo un intento de hacer chabolas con unos palés, pero se quedó en eso. Además, de surgir algún caso, el ayuntamiento y la policía deben actuar", dijo.

En cuanto a los desalojados por ocupación ilegal, señaló que algunos de ellos tienen recursos suficientes para alquilar viviendas y en los casos de necesidad real, se están tramitando las ayudas necesarias para atender cada situación a través de los servicios sociales, pero, aseguró, que en esta situación están pocos.

Todavía queda una treintena de órdenes de desalojo por ejecutar, aunque no hay fecha prevista para hacerlo. Además de éstas, que tienen autorización judicial, siguen abiertos y en trámites otros procesos similares de desocupación.

Muchos de los vecinos de la barriada y adjudicatarios legales de viviendas sociales han aplaudido la intervención de la Junta para expulsar a los okupas e incluso opinan que ha tardado demasiado tiempo. "Muchísimo antes deberían haberlos echado. Ellos se lo han buscado", apunta Victoria Crespo. Los vecinos culpan a muchos de estos inquilinos de la problemática de los bloques sociales, con impagos de comunidad y destrozos.