La Consejería de Economía e Infraestructuras, de la que depende la dirección general de Minas, confirmó ayer que se sigue con la tramitación de la solicitud de concesión para la explotación de los recursos de litio en Valdeflores, petición presentada por Tecnología Extremeña del Litio (TEL). Se continúa con el expediente «para respetar escrupulosamente la ley», se aseguró ayer desde la consejería.
Pese a que se tenga la obligación legal de continuar con la tramitación del expediente administrativo, las posibilidades de que a día de hoy prospere el proyecto de la mina son ninguna. Primero porque el uso urbanístico del suelo no lo permite, decisión refrendada el jueves por la mayoría de la corporación local, además mientras el plan de urbanismo impida el uso extractivo un juez podría anular cualquier autorización que se dé para excavar la mina en cuanto se presente un recurso. Y segundo porque con solo esta decisión del ayuntamiento no habrá declaración ambiental positiva.
Medio Ambiente confirmó ayer que las afirmaciones realizadas el pasado 15 de febrero por la consejera Begoña García Bernal tienen validez a día de hoy. El 15 de febrero aseguró que la declaración de impacto ambiental «es desfavorable» mientras que el ayuntamiento no modifique el plan de urbanismo. Un proyecto extractivo como el de la mina necesita por su extensión la declaración, que es determinante y preceptiva.
Se puede dictar una declaración que al final pueda ser positiva condicionada a la subsanación de los defectos que se detecten, pero Bernal aseguró ese día, en las declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, que mientras que el ayuntamiento no modifique el plan de urbanismo, la declaración de impacto ambiental, sin entrar a hablar de temas medioambientales, es desfavorable.
Desde la Consejería de Economía se explicó ayer que en su momento, una vez cumplidos todos los trámites, habrá declaración de impacto ambiental, «favorable o desfavorable, eso no se sabe», pero que «tiene que haberla» porque «no es una opción, sino una obligación que deben cumplir las administraciones públicas». Además se recordó que «en el momento que corresponda, la Junta someterá el proyecto a información pública y dará traslado del expediente al ayuntamiento, que en ese momento podrá pronunciarse». Desde la consejería también se confirmó que «es probable que la empresa deba ampliar la información» presentada para la concesión de la explotación.
El portavoz del gobierno local, Rafael Mateos, expresó ayer el malestar del ejecutivo municipal con la consejería porque «otra vez nos hemos enterado por las publicaciones en los boletines oficiales» de acuerdos que se toman para la investigación de recursos mineros en el municipio. Mateos se refería a la admisión de solicitud de un permiso de investigación en El Trasquilón. También expresó que al gobierno local le ha sorprendido que desde TEL se haya hecho alusión a que en el informe jurídico municipal, sobre la propuesta de cambio del plan de urbanismo, se indica que esta modificación deberá ser objeto de evaluación ambiental estratégica. Esta posibilidad sería posible si el ayuntamiento admitiese a trámite la modificación, algo que no ha hecho, y si es el promotor de dicha evaluación.
Mateos pidió a la Junta «más transparencia» y que «nos expliquen públicamente qué va a pasar con Valdeflores». «No sé si la Junta, con independencia del parecer del ayuntamiento, tiene intención de seguir tramitando el procedimiento o conceder algún tipo de permiso», comentó ayer el portavoz, que a continuación añadió: «entendemos que la modificación del plan de urbanismo es un trámite esencial, sin el cual el proyecto no puede avanzar».
SENTENCIA POR EL SEPEI / Mateos informó de la sentencia del juzgado de lo Contencioso que estima el recurso del ayuntamiento y anula una resolución de la diputación de noviembre de 2016 en la que se requería al consistorio el pago de 948.987 euros pendientes de la anualidad de 2016 por la prestación del servicio de bomberos. Se anula por el juzgado porque «asiste la razón al ayuntamiento al quejarse de la falta de motivación de la resolución», según se apunta en la sentencia, en la que además se cita un informe del «tesorero de la diputación» en el que «se viene a reconocer que alguna de las partidas sobre las que el ayuntamiento muestra disconformidad deberían ser objeto de análisis». Desde la diputación se precisó que se está estudiando recurrir y que el ayuntamiento «continúa siendo deudor de la liquidación, si bien esta diputación deberá justificar la liquidación».
