Carlos Jurado declara ante el juez que su función en los ruidos de la Madrila era la de "delegar la tramitación de los expedientes relativos al ruido en los técnicos jurídicos del ayuntamiento". Fue el último en tomar declaración en el juzgado número 6 de Cáceres como imputado de un presunto delito de prevaricación medioambiental, que también se atribuye a la exalcaldesa, Carmen Heras.

"La función de los políticos era ratificar aquello que los técnicos le presentaban, a menos que quisiéramos que un licenciado en Geografía y concejal de Seguridad Ciudadana sea el que imponga cuál es la medida proporcional para un determinado ruido. Si se quiere eso, estupendo, vamos a revisar todos los ayuntamientos, porque es que no funcionan así, estamos hartos de decirlo", dijo el abogado del exconcejal, Emilio Cortés.

La imputación de Heras y Jurado surge a raíz de la querella interpuesta por la Asociación Cacereños Contra el Ruido. Además de los tres políticos, la querella se dirige contra 16 bares, de los cuales ocho fueron clausurados por auto de la Audiencia de Cáceres y cuatro ya han reabierto.