El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 admite a trámite la querella presentada por la familia de Nagore Orcera, la mujer que falleció después de que se le practicara una cesárea para dar a luz a su segundo hijo en el hospital San Pedro de Alcántara. Acusa al Servicio Extremeño de Salud (SES) de homicidio imprudente. El juzgado ha acordado abrir diligencias debido a que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia del delito» del que se acusa.

Según la querella presentada por el abogado del marido de la fallecida, Daniel López Vivas, la mujer murió a las pocas horas de dar a luz debido a «los defectuosos cuidados médicos de los que fue objeto» en el centro hospitalario. El bebé tenía ya 40 semanas de gestación y el embarazo había transcurrido con normalidad; sin embargo el niño venía con una vuelta de cordón, por lo que fue necesario practicarle una cesárea.

En la denuncia se explica que la operación comenzó a las nueve de la mañana y terminó a los veinte minutos. Poco después la joven, de 30 años, empezó a sangrar. A las diez volvieron a meterla en quirófano, pero sus familiares ya no volvieron a verla porque la pérdida de sangre le originó fallos en su organismo y falleció esa misma noche. El matrimonio tenía ya otro hijo de cuatro años.

No consiguieron pararle la hemorragia, añade la querella, porque ese día faltaba el fármaco anticoagulante que era necesario administrarle. El equipo médico decidió entonces meterla en quirófano directamente, saltándose -según la familia- las recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que advierte de que primero hay que administrar el medicamento.

A los familiares de Nagore les dijeron que el fármaco llegaría al día siguiente porque se encontraba en Mérida. Pero ella falleció antes. Ahora el juzgado deberá determinar la naturaleza de los hechos y las personas que intervinieron. El SES siempre ha defendido que los facultativos actuaron siguiendo los protocolos.