El Gobierno, la policía y la justicia han iniciado una investigación para aclarar las presuntas irregularidades que se han detectado en 35 expedientes de normalización de extranjeros de la provincia, según desveló ayer el subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando Solís. Este anunció además la apertura de un expediente de información administrativo para que internamente se investigue si funcionarios de la propia subdelegación están implicados en el caso.
Solís explicó que las sospechas se desataron porque en un número importante de estos expedientes, los empleadores eran menores de edad o jóvenes de entre 18 y 21 años. "Nos parecía sorprendente --dijo el responsable gubernativo-- que personas tan jóvenes estuvieran dispuestas a contratar a inmigrantes". Además, muchos de estos impresos estaban marcados por una misma pauta: la firma del empleador no parecía coincidir con la original de su DNI, pasaporte o documento presentado como justificación de la personalidad jurídica del empleador.
Respecto a la posible implicación de funcionarios y aunque Solís aclaró que "no sospechamos nada", dijo que quería actuar con "claridad, transparencia y conocimiento del asunto y como no tengo nada que ocultar, quiero cubrir todas las vías de investigación". De momento, inspectores funcionarios del Ministerio de Administraciones Públicas acudirán el miércoles a la Subdelegación del Gobierno para iniciar la investigación.
El subdelegado recordó que dentro del proceso administrativo desarrollado por el Gobierno para la legalización de inmigrantes, en Cáceres se han revisado 1.337 solicitudes y que sólo en 35 se han detectado presuntos fraudes, lo que a su juicio supone un porcentaje bajo: el 2,6% del total. Los expedientes anómalos se refieren a casos ocurridos en Cáceres con personas de varias nacionalidades, la mayoría marroquís, que trabajarían en el servicio doméstico a tiempo parcial contratadas por estos menores, que figuraban como cabezas de familia.
EL PROCESO Fue la Unidad de Extranjería la que detectó las incidencias en algunos expedientes y, una vez analizadas, las envió a la Inspección de Trabajo para que investigara. Esta investigación se prolongó durante el mes de julio, y el 4 de agosto Trabajo remitió a la subdelegación "un informe exhaustivo".
La Delegación del Gobierno envió en la primera semana de septiembre la documentación al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. "El fiscal jefe --comentó Solís-- analizó los expedientes y el informe que presentaba la Inspección de Trabajo y entendió oportuno judicializar la investigación". El siguiente paso que dio la fiscalía fue remitir la documentación a la comisaría "para que fueran investigando el caso".
En este sentido, fuentes judiciales consultadas por el EL PERIODICO confirmaron que hasta la Fiscalía del TSJEx llegó una comunicación de la Delegación de Trabajo y Asuntos Sociales informando de que se habían detecta-
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