Comienza el macrojuicio para juzgar a un grupo criminal acusado de robar cobre en 22 fincas españolas de manera violenta. La banda está integrada por doce personas, todas de nacionalidad rumana, aunque cinco de ellas no acudieron a la vista al estar declaradas en rebeldía. Hay otros dos imputados, trabajadores de una empresa dedicada a vender supuestamente a terceros el cobre que había sido sustraído.
La vista comenzó pasadas las diez de la mañana, cuando los abogados de la defensa presentaron cuestiones previas para solicitar la anulación del juicio. Se basan en que la toma de declaraciones durante las detenciones no se llevó a cabo «con las debidas garantías». La investigación comenzó precisamente cuando en la localidad cacereña de Tejeda de Tiétar la Guardia Civil halló un vehículo con cobre sustraído en el interior. Dentro del maletero había un niño menor de edad que los presuntos autores se habían dejado olvidado cuando emprendieron la huida de la Guardia Civil. Se interrogó al menor pero «sin estar Fiscalía ni sus padres presentes», según indicó uno de los letrados que defiende a tres de los acusados (uno de ellos el presunto cabecilla de la banda), Pedro María Román.
En esa declaración el menor acusa a tres personas. A raíz de ahí el Instituto Armado comienza la investigación realizando escuchas telefónicas para lograr localizar y detener a los presuntos autores. Los abogados creen que esta declaración es «ilícita», sin embargo la presidenta de la sala denegó la suspensión del juicio. El menor, que también fue condenado por estos hechos a horas de trabajos en beneficio de la comunidad, declarará este viernes en la Audiencia en calidad de testigo.
Los siete miembros de la banda que se presentaron ayer al juicio se declaran inocentes de los delitos de los que se les acusa: pertenencia a grupo criminal, hurto, robo con fuerza, detención ilegal, robo con violencia e intimidación, lesiones, daños y hurto de uso de vehículos de motor. Solo uno aceptó responder a las preguntas del fiscal, el resto o se acogió a su derecho de no declarar o solo contestó a las preguntas de su abogado. A los otros dos imputados se les acusa de delitos de receptación. La vista se reanudará esta mañana con la declaración de los peritos y testigos. Está previsto que se alargue hasta el viernes.
EN TODA ESPAÑA / Se les acusa de cometer 22 robos en fincas o empresas de Pasarón de la Vera, Tejeda de Tiétar, Almodóvar del Campo (Ciudad Real), Corral de Almaguer (Toledo), Medina del Campo (Valladolid), Hinojosa de Calatrava (Ciudad Real), Puertollano (Ciudad Real), Daimiel (Ciudad Real), Seseña (Madrid), Miravalles de Quer (Guadalajara), Azuqueca de Henares (Guadalajara), Loeches (Madrid) e Illescas (Toledo). El caso se juzga en Cáceres al haberse iniciado las investigaciones tras hallar un vehículo en Tejeda de Tiétar. Además el robo de cobre en las localidades cacereñas afectó a las líneas de comunicación de todo el servicio público que cubre la zona de Jaraíz y Pasarón de la Vera. No funcionaban ni los teléfonos ni internet; tampoco el servicio de emergencias del 112, la teleasistencia domiciliaria, los servicios bancarios telemáticos y los sistemas de alarma.
Según cree el fiscal el cabecilla era el encargado de organizar a la banda y los controlaba desde su propio domicilio, ayudado por su mujer. Su lugartetiente se desplazaba hasta el lugar de los hechos para coordinar el robo, otro conducía el vehículo en el que viajaban los autores y el resto se encargaba de perpetrar los atracos. En cinco de los robos, realizados en empresas, maniataron y golpearon a las personas que en ese momento se encontraban en el interior, la mayoría vigilantes de seguridad o trabajadores.
En todos los casos los asaltantes iban con pasamontañas y obligaban a los trabajadores que les habían descubierto a llamar a la central de alarmas (había saltado) para confirmar que todo estaba correctamente. En la mayoría de las fincas realizaron grandes destrozos que han sido tasados en más de 60.000 euros y que ahora las aseguradoras reclaman a los presuntos autores.
El Ministerio Público solicita para cuatro de ellos (uno es el cabecilla) penas de 46 años de prisión, para la esposa del cabecilla siete años de cárcel y para el resto condenas que van desde los 15 hasta los cuatro años de prisión. Cinco de los miembros de la banda organizada se encuentran en la cárcel desde el mes de abril del 2015, cuando fueron detenidos.
