La mesa de contratación del ayuntamiento propuso en enero de 2003 adjudicar a Prointec la redacción del nuevo Plan General Municipal (PGM) de urbanismo. El plan general continúa sin estar aprobado en julio de 2008. Sin embargo estamos ante un mes que es decisivo. Las herramientas (los informes de los técnicos) están sobre la mesa y todo va a depender ahora de la voluntad de los grupos políticos municipales para llegar a acuerdos.

Las siglas PGM, antes PGOU, salen con frecuencia en los medios informativos. Pero ¿qué es un PGM? La forma más sencilla de hacer entender qué es el PGM es referirse a la cantidad de pisos que se pueden hacer con él, pero sería una explicación incompleta. El PGM es mucho más. Es lo que explica por qué una urbanización está diseñada de un modo determinado, la altura de los bloques, dónde se coloca un colegio, un centro social, sanitario o uno comercial, dónde se puede hacer un parque y además revaloriza el suelo, y no solo pasándolo de rústico a urbanizable, sino además por el tipo de aprovechamiento que se le asigne. El PGM y los presupuestos son las dos normas fundamentales para un ayuntamiento.

La aprobación de un plan tiene dos fases: una en el ayuntamiento, que da las ratificaciones iniciales, y otra en la Junta, que da la definitiva. El momento en el que se está ahora es en las correcciones de aquellas previsiones del plan pedidas por la Junta para que pueda dar la ratificación definitiva. Y de todas las correcciones hay una que es la fundamental: se deberán reducir las planificaciones de viviendas y de grandes espacios verdes. Lo que deben decidir ahora los grupos políticos es si se reduce; y si es así, de dónde y cuánto, debido a que la Junta no lo ha precisado.

El punto en el que están ahora los grupos políticos

Desde el 20 de junio se han celebrado tres reuniones para empezar a introducir las correcciones. Pero aún no se ha acordado ninguna, ya que hasta ahora el debate se ha centrado en si la Junta tiene o no las competencias para pedir esa reducción de viviendas y zonas verdes. Esto, que puede resultar absurdo después de que han pasado 5 meses desde que la Junta hizo su informe, es fundamental para decidir hasta dónde se puede llegar en este recorte. Pero uno de los informes que se han manejado es tan abierto que ha dado y quitado la razón a los que no quieren recortar por considerar que la Junta ha usurpado la autonomía municipal, que es la valoración del PP, y a los que sí están dispuestos a reducir las planificaciones del plan, que es la opinión del resto de partidos (PSOE, IU y Foro Ciudadano).

El informe reconoce que la Junta tiene la competencia para pedir esos recortes con el fin de garantizar un crecimiento sostenible en el desarrollo urbano de la ciudad. Pero también asegura que en el caso del PGM de Cáceres no se pone de manifiesto que se corra el peligro de que la expansión urbana vaya en contra de un crecimiento sostenible.

Para un plazo de 15 años o para más de medio siglo

Cuando la Junta valora el plan parte de que todas sus previsiones de viviendas y espacios verdes están diseñados para un plazo de 15 años. Fue algo que ya se constató en el mes febrero, cuando se hizo pública su opinión.

Esa valoración a quince años es la que da unos resultados de un crecimiento inviable por sus altas cifras e insostenible, dado que en 15 años se harían viviendas para 169.938 habitantes, un incremento de un 185% sobre la población actual con un aumento anual de un 12,3% (ahora está entre el 1 y el 2%). Es decir, Cáceres tendría 262.000 habitantes en el año 2022. Por tanto, la conclusión para la Junta de Extremadura es clara: hay que cortar.

Pero por parte del equipo redactor del plan general la valoración es muy distinta. Primero baraja la cifra de 123.000 a 143.000 habitantes en el 2022. Y segundo solo espera que en los primeros 15 años de vigencia del plan general se desarrollen las 22.392 viviendas de cinco de los diecinueve sectores de nuevos suelos urbanizables que planifica el plan general. Esos cinco sectores son los más próximos a la ciudad actual. Tres de ellos ya son terreno urbanizable en el plan que está en vigor desde 1999. Y otro, todo el suelo que está entre Charca Musia y Casa Plata y el ferial, es el motivo por el que en 2002 se decidió revisar el plan general.

Por qué la diferencia en la interpretación de uno y otro

Los planes son herramientas que por regla general están pensadas para un plazo mínimo de 8 años y con una reserva añadida de terreno por si es necesario para al menos otro plazo de tiempo similar. Así es el plan actual. Dentro de esos 8 años está, por ejemplo, Ronda, Casa Plata, Macondo o Montesol, y dentro de esa reserva de terreno se encuentra Vistahermosa, además de otros sectores (frente a Capellanías, a continuación de Macondo o detrás de la estación) que ahora retoma el nuevo plan general para desarrollarlos en primer lugar.

La Junta parte de una ciudad a 15 años. Pero éste no es el planteamiento que siguió el equipo redactor, que hizo un plan con 4 zonas de suelo urbanizable para su desarrollo escalonado. La primera, esas 22.392 viviendas, ya aparece incluso con su desarrollo diseñado. El resto (Prioridad 1 sin ordenación y Prioridades 2 y 3) queda como reserva de suelo con un potencial de desarrollo de más de 30.000 viviendas.

El ayuntamiento es el que controla esa reserva

En el informe citado, que fue el que se manejó en la última comisión local de Urbanismo, se puntualiza que el ayuntamiento tiene los medios legales necesarios para controlar el desarrollo de esa reserva para evitar crecimientos insostenibles y que se forme una ciudad disgregada. Por lo tanto no se pone de manifiesto que esté en peligro una expansión sostenible.

Pero llegado a este punto hay que analizar también si esos medios legales que tiene el ayuntamiento para el control del desarrollo de su ciudad son eficaces o no. Si nos atenemos a lo que ha ocurrido en los últimos años, la respuesta es que no son eficaces y en gran parte a causa de la propia Junta, aunque con un objetivo para favorecer la vivienda con protección pública, pero con el inconveniente de que se forman núcleos desconectados (Cáceres el Viejo, La Cañada o Residencial Universidad) y carentes de servicios por su desvinculación con la trama urbana consolidada.

Estos casos también se han dado muy recientemente (el Junquillo), pero desde que la propia ley del suelo regional introdujese la obligación de una reserva de vivienda protegida en los nuevos sectores residenciales no tendría sentido que se repitiesen.

Aceptar los recortes o defenderlo sin cambios

Son las dos opciones que tienen los grupos políticos y las dos se pueden argumentar, incluso en el comentado informe hay razones para los que consideran que la Junta puede plantear el recorte que ha pedido, ya que la propia ley regional permite a la Junta esa función de control del desarrollo urbano de un municipio centrándose en el medio plazo. Aunque en el mencionado informe en ningún momento se deja entrever que haya motivos para pensar que con la planificación prevista en el plan de Cáceres haya un crecimiento insostenible.

No obstante, lo que no hay que olvidar es que quien decide es la Junta. Su criterio, que debe salir de su comisión regional, en la que están representantes de diferentes colectivos profesionales y de la administración, y de los informes de sus técnicos, es el que finalmente valdrá y ya ha dicho que hay que recortar y para que el plan entre en vigor se tiene que aprobar por la Junta.

La propuesta que seráobjeto de estudio

El equipo redactor del plan general y el arquitecto jefe de los servicios de Urbanismo del ayuntamiento elaboraron un informe, finalizado en abril, con varias alternativas para que los grupos políticos que forman parte de la comisión municipal de Urbanismo decidan cómo recortar las previsiones del plan. No dice ni cuánto, solo se establecen unos máximos, ni de dónde quitarlo, ya que esa decisión la tienen que tomar los grupos políticos.

El recorte que se plantea es general, en mayor o en menor medida afecta a todas las prioridades (a las cuatro zonas de desarrollo de los suelos urbanizables). Para la Prioridad 1 con ordenación detallada, la más importante por ser por donde primero crecerá la ciudad, se plantea pasar de las 22.392 viviendas a una previsión mínima de entre 10.000 y 15.000, mientras que en toda la Prioridad 1, que tiene un potencial de 31.462 viviendas, se sugiere dejarlo en una cantidad mínima de 18.000 a 20.000.

Para la Prioridad 2 se propone que de las 20.532 ahora planificadas se pase a un mínimo de 13.000 a 16.000 (quedarían como reserva de suelo a desarrollar solo si el ayuntamiento lo considera oportuno, necesitan que el consistorio dé el visto bueno a su viabilidad, lo mismo ocurre con los sectores que queden dentro de la prioridad 1 sin ordenación. Solo los sectores y las viviendas con ordenación se podrían desarrollar una vez que la Junta ratifique el plan de urbanismo).

Por último, para la prioridad 3, con un potencial de 2.601 viviendas, se plantea su eliminación. Sus dos sectores se quitarían del plan general.

Este reajuste en el potencial de viviendas se acompaña con una revisión del tamaño y de la prioridad que afectaría a varios de los 19 sectores del suelo urbanizable. Se propone que algunos de los sectores o parte de los mismos que ahora aparecen dentro de la Prioridad 1, principalmente los que no tienen ordenación detallada o están más alejados del casco consolidado, pasen a ser de Prioridad 2.

Al mismo tiempo se plantea que se modifique la dimensión, en sus bordes más externos, de sectores que son de Prioridad 2 y de algunos de la Prioridad 1 sin ordenación detallada que estén más alejados del casco urbano.

Hay otros parámetros que se recogen en la propuesta de trabajo con el fin de reajustar a la baja las previsiones, como son las densidades medias de viviendas por hectárea y los aprovechamientos dentro de cada una de las dos prioridades que quedarían. Todas estas propuestas son de máximos y además de las viviendas y los sectores también se plantean reajustes para los sistemas generales.