Ante la polémica actividad de los aparcacoches, algunos ayuntamientos ya han procedido a regular esta actividad a través de bandos u ordenanzas, concediendo autorizaciones exclusivamente a personas o colectivos determinados (minusválidos, parados...).
El problema surge cuando regulada la actividad, ésta se ejerce por personas no autorizadas, que desobedecen la orden de la autoridad. En estos casos, entiendo que si el aparcacoches hace caso omiso de la orden del agente para que cese en la actividad, o bien, nada más irse el mismo, vuelve a realizarla, estaremos ante un ilícito penal (falta de desobediencia a la autoridad), mientras que si efectivamente cumple la orden y se marcha, aunque vuelva pasado un tiempo, nos encontraríamos ante un ilícito administrativo, por cuanto tal reincidencia lo que persigue es un ánimo de lucro, y no desobedecer.
De todas formas, lo que sí se nos presenta como necesario es regular esta actividad, así como sancionar a los que ilícitamente la practiquen y proteger al ciudadano ante conductas abusivas.
*Abogada.
