El alcalde, José María Saponi, abrió ayer el proceso para adecuar la organización del consistorio a la Ley de Modernización del Gobierno Local (Ley de las Grandes Ciudades). Es un camino que se ha iniciado sin que el gobierno tenga garantizados los votos suficientes, ya que será necesaria la mayoría absoluta cuando se vote en el pleno de la corporación. Esta ley modifica las funciones tanto del pleno como del alcalde, y regula una división efectiva de la ciudad por distritos, órgano que tendrá recursos presupuestarios propios que deberá gestionar. También eleva el importe de las sanciones, que pueden llegar a los 3.000 euros.

La financiación de los cambios que supone esta ley es precisamente la objeción planteada por la oposición, que ayer dudó de la actual capacidad financiera del consistorio frente a la confianza de Saponi de que se puede llevar a la práctica, "dicen que va a suponer más gasto, pero según se plantee", apuntó el alcalde tras la reunión de la junta de portavoces, en la que dio a conocer a los grupos políticos el contenido de su propuesta para pedir a la Asamblea de Extremadura, órgano competente, la autorización para incorporar al Ayuntamiento de Cáceres a la citada ley.

La reunión de ayer de los portavoces trastocó la idea inicial del alcalde de que a principios de noviembre se celebrase el pleno para que el municipio se incluya en el ámbito de aplicación de la ley. El grupo socialista hizo pública su posición en un comunicado, en el que recriminó al alcalde su "improvisación" y criticó que "un asunto de tanto calado" se quiere resolver con tanta inmediatez. "No se nos puede poner a los pies de los caballos sin estudiarlo", manifestó ayer el portavoz de IU, Santiago Pavón.

DEBATE LARGO Con estas posiciones se avecina un debate largo. Saponi, que no negó su intención de que lo antes posible se lleve al pleno un dictamen, también dijo que la comisión de Régimen Interior, órgano encargado de dictaminar, se reunirá las veces que sea necesario.

Saponi confió en que haya un respaldo unánime porque "no es un tema de partido, sino de eficacia" en el funcionamiento del consistorio. No obstante, a día de hoy el PP, que tiene 12 concejales y necesita 13 votos, no cuenta con el respaldo ni del PSOE ni de IU, que han pedido tiempo y conocer los efectos, especialmente los económicos, de la adaptación a la ley. Por su parte, el concejal independiente, Felipe Vela, que no está en la junta de portavoces, aseguró ayer que no conoce el contenido de la propuesta del alcalde. "La valoración y el sentido de mi voto lo podré dar cuando la conozca", indicó el edil.

De momento, mañana se reunirá la comisión de Régimen Interior para iniciar el debate, una discusión que además de en el aspecto económico también se centrará en cómo van a quedar las competencias atribuidas al pleno, al alcalde, a la junta de portavoces y a las comisiones, ya que la ley introduce una nueva regulación. El presidente de la comisión de Régimen Interior, Luis Martín Buenadicha, coincidió ayer en el mensaje lanzado por el alcalde de que con esta ley la organización del ayuntamiento y del gobierno local gana "en eficacia, en transparencia y en la participación ciudadana".