La implantación en el ayuntamiento del régimen de organización de los municipios de gran población previsto en la Ley de Modernización del Gobierno Local tendría un coste mínimo de 463.336 euros, según los primeros cálculos que maneja el gobierno, cantidad que es provisional. El edil de Régimen Interior, Luis Martín Buenadicha, calificó ayer de excesiva la cifra de áreas en las que está dividida actualmente la estructuración del gobierno y la de distritos que hay en Cáceres, apreciación que adelanta un recorte de ambos. Ahora hay ocho áreas de gobierno y siete distritos, todos tienen a un concejal delegado al frente.

El coste y la variación de distritos y áreas fueron dos de las ideas expuestas tras la primera reunión de la comisión de Régimen Interior para debatir la incorporación al régimen de gran población. Ambas están relacionadas, dado que en el coste final influirá el número de áreas.

Los 463.000 euros salen de un cálculo de diez directores generales (cada área tendrá uno), con un coste de 158.000 euros si son de la actual plantilla de funcionarios; un coordinador general (15.808), también funcionario; una asesoría jurídica con un titular y tres letrados (136.252); y un órgano de gestión financiera y tributaria (153.196). Ese coste anual se sufragaría con lo que se dejaría de presupuestar para gastos judiciales y letrados (474.000 euros en el 2005), funciones que asumiría la asesoría jurídica.

No obstante, en esta valoración no entra el coste que conllevarían nuevos órganos que se tienen que crear como el consejo social o la comisión de sugerencias, cuya organización (miembros y periodicidad) deberá concretarse en la norma de adaptación al nuevo régimen organizativo, precisó Martín, que, no obstante, adelantó que en unos días informará a los grupos políticos de en cuántos distritos se dividiría la ciudad y en qué áreas el gobierno. Martín recordó la falta de intereses partidista del gobierno en esta adaptación, dado que no será efectiva hasta final de legislatura o en la próxima.

Esa información fue reclamada ayer por el PSOE e IU. El portavoz adjunto socialista, Carlos Jurado, insistió en que antes de votar hay que conocer qué organización se pretende, "todos los órganos nuevos y sus funciones", y que se cuantifique. El portavoz de IU, Santiago Pavón, apuntó que no se pueda dar un voto en blanco al gobierno "sin saber qué organización se quiere y cuánto va a costar".