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AYER DECLARÓ EN EL JUICIO DE LA MADRILA CÉSAR GARCÍA, JEFE DE LA POLICÍA LOCAL DESDE 1982 hastA 2009

«Los vecinos se quejaban pero no se podía hacer más de lo que se hizo»

«Los hosteleros nos pedían que les dejáramos hacer su trabajo», señaló. Aseguró que el problema del ruido ha preocupado a todas las corporaciones

 

Un momento de la declaración de César García, ayer en una nueva sesión del juicio de La Madrila. - FRANCIS VILLEGAS

Sira Rumbo Ortega
18/10/2017

El juicio por los ruidos de La Madrila se reanudó ayer con la declaración en calidad de testigo de César García, el que fuera jefe de la Policía Local entre 1982 y 2009. Comparte la misma visión que su sucesor en el cargo, Emeterio Corchado (prestó declaración el lunes), en cuanto a que era un problema con más de tres décadas de historia. «Era un tema recurrente desde hacía bastante tiempo. Desde 1992, que se formó un follón enorme, todas las corporaciones han estado preocupadas por La Madrila y Carmen Heras no fue una excepción», señaló César García.

Habló como técnico pero también desde el punto de vista vecinal, ya que vivía y continúa haciéndolo en la calle Hernán Cortés, justo encima de varios de los establecimientos denunciados. «Los vecinos se quejaban pero es que realmente no se podía hacer más allá de lo que se hacía», indicó a preguntas de los abogados. Particularmente a él no le molestaba el ruido de ningún local aunque sí ha «padecido» los ruidos procedentes de la calle, donde se concentraban cada fin semana entre 2.000 y 3.000 personas, según sus cálculos. No obstante el exjefe de la policía reconoce que a muchos de los residentes les afectaban también las vibraciones que producía la música de los establecimientos.

Para César García el principal problema era que los locales no respetaban los horarios de apertura y de cierre, algo que se agravó a partir de 1996 cuando la Junta de Extremadura sacó una nueva normativa que permitía a los establecimientos con licencia de café bar volver a abrir a las cuatro horas de haber cerrado. «Empezó un fraude de ley que aprovecharon los hosteleros», dijo.

Negó que la situación se agravara a partir del año 2007, cuando la exalcaldesa Carmen Heras llegó al ayuntamiento. «Fueron años completamente normales», manifestó. Tampoco cree que la ley antitabaco incrementara los ruidos: «El ruido que ya había era tan grande que no se notaba si salían a fumar», sentenció.

Dijo que habló con Carmen Heras y con su concejal de seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, en varias ocasiones para intentar dar solución a la situación, porque ella estaba «angustiada». «Nunca nos dijo de hacer la vista gorda, todo lo contrario. De hecho los propietarios de los establecimientos nos decían que ya estaba bien, que no estuviéramos todo el día encima de ellos porque estaban haciendo su trabajo», agregó. Y aseguró que la propuesta de cerrar al tráfico la calle Santa Teresa de Jesús y de modificar la ordenanza partió de la Policía Local: «Los políticos confiaban en la policía y en los técnicos que tenían pero todas las propuestas que hicimos las pusieron en marcha al día siguiente», aseguró.

Tras él declaró una técnico municipal que se encarga de tramitar los expedientes por ruidos entre particulares. Su testimonio no fue muy relevante para la sala ya que nada tenía que ver con los que se llevaban a cabo con los establecimientos públicos, que tramitaba -y lo sigue haciendo ahora- Javier Alonso, tal y como ella confirmó.

LA PRÓXIMA SEMANA / La sesión se reanudará esta mañana con la declaración del presidente de la asociación de vecinos La Madrila, Miguel Salazar, y del técnico municipal de urbanismo, Agustín Flores. Este último era el ingeniero encargado de supervisar todas las mediciones que llevó a cabo la Policía Local en las viviendas de los vecinos afectados. Para la semana que viene está previsto que den su testimonio los guardias civiles del Seprona que midieron los ruidos, así como los miembros del servicio de protección ambiental de la Junta de Extremadura. El juicio se dará por concluido el próximo 31 de octubre.

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