El ayuntamiento iniciará con carácter de urgencia el procedimiento de puesta a punto de 38 viviendas sociales de la barriada cacereña de Aldea Moret en las que se reubicará a la veintena de familias que deberán abandonar el bloque C de la calle Ródano cuando se produzca su cada vez más próximo desalojo definitivo. Así lo anunció ayer la concejala de Asuntos Sociales y viceportavoz del gobierno, Basilia Pizarro, tras la reunión de organización que durante gran parte de la mañana mantuvo sobre este asunto con técnicos de los servicios jurídicos, sociales, de edificación y de la inspección técnica y a la que también acudieron los concejales de Obras y Seguridad Ciudadana, Joaquín Rumbo y Santos Parra, respectivamente.

El acondicionamiento de las nuevas viviendas es un requisito fundamental que el equipo de gobierno debe tener resuelto para proceder al vaciado del bloque C, el más conflictivo y marginal de la barriada y que el ayuntamiento pretende convertir en el futuro en un centro municipal de servicios múltiples. En él residen actualmente 48 familias, aunque solo 18 lo hacen con sus papeles en regla. El resto ocuparon las casas por diversos métodos, el más común es el de la patada en la puerta .

Sin embargo, cualquier decisión que se adopte sobre el futuro del inmueble debe pasar primero por proporcionar un nuevo hogar a los legales . Para ello se han elegido esos 38 nuevos pisos que, según relató la concejala, están repartidos entre los edificios A y B de la calle Ródano y la plaza Primero de Mayo. Todos ellos --igual que el edificio C-- son de propiedad municipal.

INFORMES Antes de proceder a una nueva adjudicación, el consistorio tendrá que realizar un informe exhaustivo del estado en que se encuentran esas viviendas. De las 38 que en principio están disponibles hay que analizar cuántas están ocupadas ilegalmente y cuántas están tapiadas, es decir, aquellas que revertieron de nuevo al ayuntamiento porque sus propietarios originarios renunciaron a ellas por escrito y el gobierno local se vio obligado a cerrar para evitar que volvieran a ocuparse ilegalmente. Una vez que esa situación esté técnicamente clara, será el momento de hacer una valoración económica de lo que cuesta el arreglo de cada casa. Pero antes de eso, la policía local deberá intervenir en el desalojo de los pisos ilegales previo inicio de los expedientes de desahucio.

Cuando los técnicos puedan entrar en las 38 viviendas harán la memoria valorada, presentarán el presupuesto y la obra saldrá a contratación por urgencia, según confirmó el concejal Joaquín Rumbo. La idea del ayuntamiento es tener resuelto el asunto cuanto antes, aunque Pizarro no se aventuró ayer a dar plazos. La concejala insistió, eso sí, en que los nuevos realojados son personas que tienen una vida "normalizada" y reiteró que desde el gobierno se les darán las facilidades para que el traslado no se produzca de modo traumático. Los nuevos pisos se entregarán en función de los miembros que compongan la unidad familiar y se efectuarán contratos de arrendamiento a quienes no puedan subrrogarse a una nueva hipoteca.