En abril se cumplieron cinco meses desde que se inició el proceso y, al fin, empieza a verse algo de luz al final del túnel. El caso de la Madrila ha sido uno de los que mayor expectación ha causado tanto por el tiempo que ha transcurrido desde que los hechos salieron a la luz como por el número de acusados que se han visto envueltos en el asunto, entre los que destacan especialmente la exalcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, y uno de los concejales de su equipo de Gobierno.
Tras años de quejas vecinales por el ruido nocturno que generaban los múltiples bares de copas en la plaza Albatros, tiempo durante el cual se llegaron a presentar más de 75 denuncias, la Asociación Cacereña Contra el Ruido decidió tomar cartas en el asunto y presentar una querella criminal en abril de 2010. Los datos que aportaban los vecinos eran de 2009, momento en el cual también el Seprona, a petición directa de la asociación, realizó las primeras mediciones de ruido en los locales y viviendas de la zona. Aunque hay que tener en cuenta que ya el 12 de diciembre de 1996 la Madrila fue declarada zona ambiental protegida por acuerdo de pleno en el ayuntamiento cacereño, con lo cual la administración tenía el deber de vigilar la contaminación acústica en el barrio. De esta manera, residentes del barrio aseguraron que el ruido nocturno había provocado en algunos de ellos patologías como trastornos del sueño, fatiga, depresión y ansiedad, para lo que necesitaron tratamiento médico.
En un principio, los vecinos consideraron culpables y presentaron la demanda contra 16 locales de la zona y tres políticos; la exalcaldesa de Cáceres durante la legislatura de 2007 a 2011, Carmen Heras, el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Carlos Jurado, y el exedil Miguel López (se archivó la acusación contra él al principio del proceso). La Audiencia también archivó la causa para un técnico municipal que estaba imputado por este caso al considerar que no tuvo más competencia que la tramitación administrativa de los expedientes de los bares denunciados. Como medida cautelar, en 2012 la Audiencia ordenó el cierre en marzo de algunos de los bares denunciados, en concreto de Maquiavelo, La Belle, LatinoIs, Barroco, Down, La Cuerda, Poker, Submarino y Pasadena Copas, aunque este último finalmente quedó fuera del proceso. Así mismo, Poker ya había cesado su actividad cuando se decretó el cierre y otros pudieron reabrir posteriormente tras realizar obras de insonorización. Mientras, el cierre cautelar de los establecimientos provocó concentraciones de hosteleros y trabajadores.
En mayo de 2012, tal y como explica uno de los abogados de los bares acusados, Angel Luis Aparicio, se volvieron a realizar las mediciones de ruido en bares y domicilios pero en esta ocasión no fue el Seprona el que las llevó a cabo sino "que se hicieron a través de la Junta de Extremadura con peritos y empresas particulares cumpliendo la normativa". Estas nuevas mediciones, en palabras del abogado, fueron favorables para los locales denunciados ya que prácticamente todos estaban dentro de los decibelios permitidos.
En 2014, más de una veintena de personas pasaron por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6, quien lleva el caso, entre los que destacaron los dueños que regentaban los establecimientos en la época denunciada, los jefes de la Policía Local en la legislatura de Carmen Heras (en este caso en calidad de testigos y a petición de la defensa) así como los políticos implicados. Tras esto, en 2015, el juzgado número 6 concluyó la instrucción del caso y mantuvo la imputación por un delito de contaminación medioambiental de la exalcaldesa y de su concejal de Seguridad Ciudadana (ambos del PSOE) así como a once de los establecimientos hosteleros denunciados. En el caso de Heras, el juzgado consideró que no había adoptado las medidas adecuadas para la protección de las personas y la protección del medioambiente y que a ella le correspondía resolver los expedientes incoados a los locales de ocio con motivo de las denuncias presentadas. Por su parte, al exedil le consideró responsable de los hechos al haber sido nombrado instructor de los expedientes abiertos a los bares.
Acusación Después de estos años de proceso, el pasado mes de abril la Fiscalía de Cáceres dio a conocer sus conclusiones. Así, declaró responsable de la contaminación acústica de esta zona tanto a Heras como a su edil y a los 11 empresarios de los locales denunciados. En concreto, la Fiscalía pidió tres años de prisión para los propietarios de siete locales de la Madrila (La Belle, Submarino, Maquiavelo, La Cuerda, Barroco, LatinoIs y Sugar) y tres años y nueve meses para los dueños de otro establecimiento (Póker). El Ministerio Público solicitó igualmente un año y nueve meses de cárcel y diez años de inhabilitación para la exalcaldesa y su exconcejal.
Ahora, la defensa es la que está ultimando los escritos con las alegaciones que consideran oportunas para sus clientes. Según informó a este medio el abogado Angel Luis Aparicio, se calcula que para septiembre estén ya presentados todos los escritos con lo que la Audiencia podría pronunciarse entonces y anunciar día y hora del tan esperado juicio. Si así fuera, estima que el mismo podría celebrarse antes de las navidades, entre los meses de noviembre y diciembre. En cuanto al tiempo que todo el proceso ha tomado, explica que se trata de una causa muy compleja, con múltiples acusados y muchas incidencias por lo que considera que las dilaciones son justificadas.
