La Asociación de Vecinos La Madrila ha dado marcha atrás y no denunciará al ayuntamiento por un supuesto incumplimiento de la normativa que regula el ruido y las actividades molestas. El pasado 17 de marzo el responsable de este colectivo, Miguel Salazar, anunció que presentaría una demanda civil contra el consistorio a finales del pasado mes de abril, un hecho que ahora descarta tras el informe jurídico encargado por la asociación.
El presidente vecinal considera que deben ser las comunidades de propietarios las responsables de acudir a los tribunales, ya que la Ley de Propiedad Horizontal les ampara. Añadió que para las asociaciones vecinales es "más problemático" porque tienen que hacer frente a los gastos económicos que se puedan derivar del proceso jurídico. Salazar apuntó que las comunidades saben quienes son los vecinos afectados por los ruidos de los locales de copas y que ello facilita la presentación de denuncias en los juzgados. "Es mejor que utilicen esta vía, aunque hay casos de personas que, de forma particular, ya ha denunciado", subrayó.
DENUNCIAS PRESENTADAS
Según el portavoz vecinal, las comunidades del bloque 3 de la avenida de Hernán Cortés y del 13 de la calle Santa Teresa de Jesús han utilizado la vía judicial debido a los molestias que sufren procedentes de los establecimientos de La Madrila.
La asociación de vecinos argumenta que ya existen cuatro sentencias favorables del Tribunal Supremo, la última del pasado mes de marzo que condena a las administraciones a indemnizar a los vecinos. En este sentido, Salazar adviirtió en su momento que si los ayuntamientos no tomaban cartas en el asunto y ponían una solución al problema de los ruidos, tendrían que rendir cuentas ante la justicia. "Estamos ante un delito de contaminación acústica", subrayó.
La Madrila se desmarca, por tanto, de la decisión que tomaron conjuntamente con la Asociación de Vecinos Zona Centro y con la Asociación Extremeña para la Defensa de los Afectados por el Ruido (AEDAR), en representación de los vecinos afectados en Mérida. Ambos colectivos también anunciaron su intención de denunciar a los ayuntamientos.
