NACIDA EN CACERES

EDAD 42 AÑOS

TRAYECTORIA HA SIDO CONCEJALA DOS LEGISLATURAS Y ES SU PRIMERA DE ALCALDESA

Con apenas 300 habitantes, este municipio situado a 30 kilómetros de Cáceres ha sido una de las víctimas de la supresión del IAE, un impuesto por el que ingresaba alrededor de 1.900 euros al año, según los datos por cargo correspondientes al 2002. Aunque Marcelina Toril (PSOE), alcaldesa de Santa Marta de Magasca, reconoce que no es un cantidad importante, dice que "el presupuesto local sí ha notado la falta de este tributo al ser un pueblo pequeño. Todo el dinero que llegue al ayuntamiento es una ayuda".

La regidora argumenta que, debido al descenso en el número de habitantes, la asignación de fondos es cada vez menor. "La gente joven se nos va a la capital y nos quedan los mayores", subraya. En este sentido, Toril apunta que diez pequeñas empresas han dejado de pagar el impuesto, fundamentalmente los bares y tiendas que permanecen todavía abiertos en la localidad cacereña.

En contra de la subida

Sin embargo, el ayuntamiento ha optado de momento por no incrementar otros tributos aunque la ley lo permita y ha utilizado otras vías para obtener ingresos. "No es muy lógico quitar impuestos a unas personas y ponérselos a otras", asegura la alcaldesa, que afirma que lo único que el consistorio ha hecho ha sido actualizar las cuotas del agua y la basura para los vecinos, una cuestión pendiente desde hacía tiempo.

La situación, añade, se ve agravada por la asunción de nuevas competencias por parte del ayuntamiento sin recibir la financiación necesaria. Cita los gastos de limpieza del colegio y el consultorio médico que corren por cuenta del consistorio y para los que no reciben ayudas de otras instituciones. Marcelina Toril explica que no ha habido quejas por parte de los empresarios ante la supresión del IAE y recuerda que "cuando se quitan gastos no se suele quejar nadie".

Santa Marta de Magasca reclama, al igual que otros municipios que han dejado de percibir el impuesto de las empresas, una compensación económica tras el acuerdo del Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias.