El martes se publicaron dos declaraciones aprobadas en julio por el pleno de la corporación local que prohíben a dos empresas contratar con la administración. Una afecta a Adomi Sacor, sociedad que gestionó los apartamentos del campus universitario. Este contrato, que estaba prorrogado, ya ha finalizado y hay otra empresa para hacerse cargo de los pisos, ya que ha dado tiempo a tramitar el concurso que había convocado el ayuntamiento y en julio se hizo la propuesta de adjudicación.
La otra declaración está relacionada con el matadero. Pero en este caso el contrato al que afecta está en vigor y ni a corto ni a medio plazo se prevé que pueda resolverse una nueva licitación para que otra empresa sustituya a la Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne, sociedad a la que se refiere esta declaración.
Se da la circunstancia de que en el matadero se prohíbe contratar con la administración a la empresa que ahora gestiona la instalación municipal con una prórroga del contrato inicial que está en vigor. A esto se añade que el ayuntamiento tuvo que desistir en julio del concurso que había convocado para que hubiese otra sociedad. Y a lo anterior se suma que la declaración establece en sus conclusiones que la prohibición de contratar «conllevará la instrucción del oportuno expediente de resolución del contrato».
Si se lleva a efecto la ruptura de la relación entre el ayuntamiento y la Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne, el matadero quedaría sin gestor, además el pasado mes de febrero se aprobó por el pleno de la corporación municipal la supresión del servicio público de matadero, por tanto el ayuntamiento no estaría obligado a prestar directamente el servicio si se rompe con la agrupación de industriales y aún no se ha resuelto un nuevo concurso para que otra empresa o sociedad se hiciese cargo de la instalación. La conclusión es que el matadero podría cerrarse, ya lo estuvo durante varios meses en 2014.
PARA FUTUROS CONCURSOS / La Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne considera que la declaración de prohibición de contratar con la administración no conlleva la ruptura inmediata de la prórroga de un contrato que el ayuntamiento firmó con esta sociedad en 2001, sino que está referida a nuevos procesos de licitación, a los que no podría presentarse. Por tanto concluye que la prórroga se mantendrá hasta cumplir el plazo para la que se concedió: hasta que un nuevo contratista se haga cargo de la gestión del matadero. Desde la administración de la agrupación de industriales se aseguró a este diario que no han recibido ninguna comunicación del ayuntamiento sobre que tengan que dejar la gestión y utilización de la instalación.
La declaración de prohibición de contratar con la administración se basa en que la Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne «no se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social», según se detalla en el documento publicado el martes, en el que se recuerda que la ley de contratos del sector público obliga a que se esté al corriente en el pago de estas imposiciones y que un incumplimiento del mismo «sería causa de resolución del contrato de concesión del servicio de matadero municipal de Cáceres».
Desde el gobierno municipal se apuntó el pasado jueves que el expediente del matadero se sigue tramitando, pero no se aclaró si se llegará a resolver la relación con la agrupación de industriales o si se mantendrá la prórroga hasta que se adjudique una nueva licitación a otra empresa. Desde el ayuntamiento se recordó que es un expediente que está en curso, que lo tiene la secretaría general (órgano que informa jurídicamente del procedimiento y pasos a dar) y que será tras las vacaciones cuando se detallen las decisiones a tomar.
Industriales del sector cárnico de la ciudad que fueron socios de la agrupación tienen previsto en septiembre presentar una denuncia contra el ayuntamiento si mantiene el contrato de gestión del matadero, ya que consideran que esta relación se debe resolver debido a que la Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne está incumpliendo con obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según manifestaron a este diario.
Estos empresarios del sector son titulares del aval que está depositado en el ayuntamiento como garantía en el contrato prorrogado. Han requerido en varias ocasiones al consistorio la devolución del aval (240.000 euros) debido a que ya no tienen relación con la agrupación y están haciendo frente a los gastos de mantenimiento del aval.
