Lo que ha sucedido era lo previsible y aún así no deja de ser paradójico que dos históricos del movimiento vecinal cacereño sean algunos de los encargados de su renovación. La Agrupación de Asociaciones de Vecinos de Cáceres está desde ayer en manos de una junta rectora en la que trabajarán cinco dirigentes vecinales, entre ellos el presidente vecinal de Hispanoamérica, Raimundo Medina, y el de La Madrila, Miguel Salazar. Ambos ya presidieron en etapas anteriores el colectivo en el que ahora trabajarán de nuevo, aunque provisionalmente, a través de la junta rectora que se constituyó. Era la única opción después de que ninguna candidatura concurriera a los comicios convocados para renovar el movimiento vecinal de la ciudad, que había liderado en la última etapa el presidente Cáceres el Viejo, Manuel Iglesias.
"Ni Raimundo (Medina) ni yo queremos estar en la directiva que surja después y pido que quienes quieran estar se abstengan de presentarse a esta junta rectora para evitar interferencias", pidió Miguel Salazar durante la asamblea. De hecho ambos recalcaron que su posición al frente de la agrupación es provisional y que el nombre de ninguno de ellos entrará en la candidatura que se haga cargo definitivamente del colectivo. "Hay que darle un nuevo aire y para eso es necesario que en el futuro entre gente joven, nueva", afirmó Medina.
El órgano provisional lo completan Antonio Rodríguez, presidente de Angelita Capdevielle, Juan Antonio Hernández, presidente vecinal de Universidad-San Blas, y David Barcenilla, presidente en funciones de La Cañada, según decidieron los representantes vecinales que se congregaron ayer en la sede de la agrupación, situada en el número 36 de la avenida de Hernán Cortés.
Durante los próximos seis meses esta junta deberá ocuparse de configurar una candidatura capaz de lograr el respaldo de los demás colectivos, deben abordar la reforma de los estatutos del colectivo y el saneamiento de las cuentas de la organización vecinal.
Un grupo de vecinos del Residencial Universidad asistieron, aunque sin voz ni voto, a la asamblea de la agrupación, a la que trasladaron un escrito solicitando la intervención del colectivo local. Varios presidentes vecinales se mostraron a favor de estudiar el escrito e intervenir ante lo que calificaron como "un problema de convivencia, que además puede ser de legalidad".
