El presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Juan Carlos de Cea, estuvo ayer en Cáceres. Fue una de sus primeras estancias en la ciudad desde que asumió el cargo el pasado octubre. Es el quinto titular del organismo responsable de la cuenca que tiene que decidir sobre la solución definitiva para el abastecimiento de agua a la ciudad. Esa solución es desde 2005 un trasvase desde el embalse de Portaje, reforzado con otra conducción desde el embalse de Gabriel y Galán.

La obra, adjudicada en 2007, se complicó en 2009 cuando Carreteras no autorizó por motivos de seguridad que la tubería se metiese por los puentes de la N-630 para cruzar el Tajo y el Almonte. Desde entonces el trasvase sigue pendiente de encontrar la solución para cruzar los dos ríos. Es su principal escollo. Pese a ello la Confederación del Tajo, organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, no lo ha descartado. En los distintos planes que desde 2007 ha ido aprobando siempre ha aparecido Portaje como la solución de futuro para el abastecimiento a Cáceres. El último es en el plan especial de sequía, que está actualmente en fase de exposición pública.

JORNADAS / De Cea, que hasta que asumió el cargo era el director técnico de la confederación, participó por la mañana en unas jornadas en el complejo cultural San Francisco, donde, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, aseguró que todavía «se están estudiando las alternativas» para que se pueda traer el agua desde Portaje y añadió que el paso de los dos ríos «no es una solución fácil», recogió ayer la agencia Efe.

Por la tarde, tras almorzar en Cáceres y antes de volver a Madrid, explicó que la Confederación cuenta con un informe de la dirección general de Carreteras que «lo estamos analizando, por lo que todavía no tenemos una conclusión al respecto». Preguntado por si en el informe de Carreteras se permite meter la conducción de la tubería del trasvase por los puentes de la autovía, De Cea aseguró: «precisamente es lo que estamos mirando, si entra o no por los puentes».

El presidente de la Confederación confirmó que de la obra del trasvase «solo queda el paso de los dos ríos, el resto está prácticamente terminado». También aseguró que la solución que finalmente se adopte para cruzar los ríos no puede disparar los costes de ejecución del trasvase, «tenemos que ajustarnos a lo que nos dice Hacienda, no podemos incrementar» el presupuesto.

La opción de utilizar infraestructuras ya ejecutadas, como los puentes de la autovía A-66, sería menos costosa que otras alternativas que se han manejado durante estos años como las de construcción de estructuras colgantes sobre los ríos o la de una pasarela.

CAMBIOS / El proyecto original se diseñó pensando en aprovechar una infraestructura como la de Portaje, que estaba infrautilizada, y tras la declaración de impacto ambiental que descartó la opción de construir una nueva presa en el cauce del Almonte.

El proyecto sufrió un revés importante cuando Carreteras informó en contra de utilizar los puentes de la N-630. En 2010 se introdujo un modificado que varió el trazado de la conducción para que discurriera en paralelo y dentro de la zona de expropiaciones de la autovía A-66, además planificó otro sistema para cruzar los ríos con dos estructural colgantes. Las obras se habían adjudicado con un coste de 40,4 millones y el modificado incrementaba el coste en 9 millones de euros. En 2012 se incorporó un proyecto complementario que entre otras actuaciones contemplaba un sistema de toma en la captación del canal del Alagón, de donde se podría trasvasar el agua si en Portaje no hubiese suficiente, además planificaba una pasarela para cruzar el Tajo y el Almonte. Este proyecto complementaria incrementaba el coste de la obra en otros 10 millones.

La solución de Portaje tiene numerosos detractores entre técnicos y cacereños que cuestionan una solución que está a 64 kilómetres y con al menos dos impulsiones para llevar el agua al Guadiloba. Precisamente por esto último otro motivo de rechazo es el efecto que tendría en la tarifa que pagan los usuarios, en la que además se podría repercutir la amortización del coste de las obras.