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el apunte

La mina de litio mira al juzgado

 

La máquina perforadora, al fondo, que está haciendo los sondeos. - J. L. B.

Los permisos administrativos para desarrollar el proyecto de la mina tienen dos frentes abiertos. Uno en la Junta, competente en Minas y Medio Ambiente, y otro en el ayuntamiento por su competencia en la ordenación del territorio. Para que el proyecto prospere todos tienen que ser positivos o con un pronunciamiento favorable vinculado a cambios para darle viabilidad.

A día de hoy no se ha hecho público ningún informe, ni de los técnicos de Minas y Medio Ambiente, de la Junta, ni de los de Urbanismo, del ayuntamiento. Sí ha habido manifestaciones de cargos públicos que son los que tienen la última palabra y cuya decisión debe guiarse por los informes de sus técnicos.

El consejero de Economía, José Luis Navarro, no se ha pronunciado ni a favor ni en contra, ha remitido a lo que se diga en los informes y ha dicho que en el caso de una declaración de impacto ambiental negativa el expediente «irá a la carpeta, no antes».

La alcaldesa, Elena Nevado, sí ha adelantado que el ayuntamiento no está por la labor de modificar el ordenamiento urbanístico y se ha manifestado en contra del proyecto por su impacto en un entorno natural que está a las puertas de Cáceres. La modificación que ahora se tiene que tramitar es a instancias de Tecnología Extremeña del Litio (Sacyr y Plymouth Minerals).

Si la decisión de los responsables municipales es refrendada por sus técnicos, con el plan de urbanismo en la mano la mina no es posible donde se pretende por la protección que da al suelo, el proyecto no tendrá autorización, no podrá ejecutarse.

Si la declaración de impacto ambiental refuerza la posición del ayuntamiento, el proyecto quedaría definitivamente enterrado. Pero si pone en duda la protección ambiental que el plan da al suelo, cabría la posibilidad de que al final sea en los juzgados donde, con los informes de todas las partes, se decida sobre el valor ambiental de la sierra de la Mosca y sobre la viabilidad del proyecto minero.

Ninguna de las dos administraciones ha querido tomar la iniciativa de un cambio en el plan de urbanismo. Navarro dijo en la Asamblea que el 8 de enero la alcaldesa comentó la posibilidad de resolver las cuestiones urbanísticas con un Proyecto de Interés Regional (Pir), con lo que la responsabilidad del cambio del plan la asumiría la Junta. Sobre esto Navarro añadió «que en ningún caso la Junta se planteaba» un Pir y recordó que la figura del Pir «puede llegar a convertirse en una causa de inseguridad jurídica».

EL PRESIDENTE del PP, José Antonio Monago, en su intervención en la Asamblea, y el portavoz del gobierno, Rafael Mateos, el pasado viernes, se han referido a este asunto. Monago recriminó a Navarro que quisiese «echar el mochuelo al ayuntamiento» instando a una modificación del plan, mientras que Mateos habló de que se quería «cargar --el proyecto-- a las espaldas del ayuntamiento».

Un proyecto como el de Valdeflores genera muchas dudas por el sitio donde se planifica y el impacto que causa, además hay un rechazo social, aunque no hay que olvidar a la parte de la población que lo apoya por el empleo. Iniciar un cambio del plan es un riesgo porque se te puede volver en contra social y judicialmente.

Tanto Monago como Mateos han atribuido a la Junta un interés especial, «este proyecto no ha caído del cielo», le dijo Monago al consejero. «Da la sensación de que es un cambio de cromos» con Sacyr por la mina de Aguablanca, apuntó Mateos. Mientras que la Junta ha interpretado que el «cambio brusco», en palabras de Navarro, del gobierno local sobre el proyecto obedece a motivos electorales, «intuyo que algunos votantes del PP le dijeron a la alcaldesa o mina o voto», afirmó el consejero. El portavoz del PSOE en Industria, Andrés Moriano, dijo en la Asamblea que se venden intereses de los vecinos de Cáceres por intereses electoralistas.

De momento han hablado los cargos públicos, mientras que las empresas guardan silencio -no Plymouth, que periódicamente sí informa en su página web de pasos que da-. Ahora hay que esperar a que se pronuncien los técnicos y a si los jueces lo hacen.

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3 Comentarios
03

Por Puchi el belga 13:02 - 11.02.2018

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No es cierto que la empresa esté guardando silencio, están trabajando desde el verano haciendo catas a gran profundidad mediante maquinaria de sondeo formando las cuadrículas que servirán para la composición del proyecto para la solicitud de autorización de la mina como actividad empresarial, trabajos para los que la alcaldesa de Cáceres otorgó una licencia de obra menor cuando la mina le producía entusiasmo, porque ahora ese entusiasmo lo ha suspendido por 24 meses hasta que pasen las elecciones y sea capaz de mantener el salario. Y si lo no mantiene, que no se preocupe, Luis Salaya seguramente le devolverá los 1.400 euros mensuales que le ha puesto a él por no hacer nada.

02

Por PePe. 8:54 - 11.02.2018

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Cuando los procedimientos terminen en estas tierras con resultados adversos siempre quedará la declaración de Interés Nacional y nos podemos dar por fastidiado. Dependerá de los genoveses y esos saben cómo se resuelven los asuntos con sobres.

01

Por Spirit:the Stallion of the Cimarron 8:19 - 11.02.2018

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No hay duda alguna en cabeza de sano juicio que evidentemente el impacto medioambiental sería de total destrucción para la zona, y que no nos vengan vendiendo la milonga de que después de la explotación “la zona será regenerada”; no se puede regenerar nada donde habrían dejado sustancias químicas altamente contaminantes. Pero, atención, hay un problema incluso mayor que el impacto medioambiental, que ya sería grave de por sí, y no sería otro que el impacto absolutamente peligrosísimo y letal para una población de 100,000 habitantes: contaminación de sustancias altamente cancerígenas y por tanto letales por tierra, aire (durante esos supuestos 24 años de duración de la explotación) y sin duda por los inevitables filtraciones hacia los acuíferos que abastecen a la población de Cáceres para el consumo. Evidentemente no sería una contaminación radiactiva como la de Chernóbil, pero sí sería una contaminación química de tal calibre que no solo afectaría peligrosísimamente a la salud de la presente generación de cacereños, sino a la de futuras generaciones, sin duda algunas ya que estos químicos so desaparecerían en muchísimas décadas. ¿Y todo esto por unos pocos y raquíticos puestos de trabajo consistentes en limpiar los retretes de estos perros australianos y sus lacayos?... ¿Para que toda esa riqueza vaya a las cuentas corrientes de unos cuantos?... Nadie en su ámbito (técnicos, M. Ambiente y demás) y en su sano juicio podría dar luz verde a este proyecto. Sólo habría una manera de que este proyecto tuviese luz verde: el soborno por parte de estos perros australianos a las instituciones, y la aceptación de estos sobornos por parte de las personas competentes.