El reglamento de sistemas de seguridad privada fija sanciones por los equipos que se activen sin causa susceptible de que actúe la policía y ésta haya acudido. Al primer fallo se podría imponer una multa de hasta 300 euros, "pero somos condescendientes, y sólo cuando es muy flagrante se multa, ya que los sistemas son muy sensibles", señala el jefe de la Unidad de Seguridad Privada. En 2005, ésta tramitó 13 sanciones a dueños de los sistemas con más falsas alarmas y en lo que va de año sólo una. "Hacemos una gran labor de concienciación advirtiendo a los clientes", explica. También desde la unidad se realizan las inspecciones.