La comisión informativa de Economía del ayuntamiento dictaminó ayer a favor de solicitar al Ministerio de Hacienda un anticipo de 6.693.160 euros para el pago de deuda con proveedores y de sentencias firmes. El acuerdo solo contó con los votos de los concejales del PP, el resto de grupos se abstuvieron, y se tendrá que refrendar por el pleno de la corporación local antes del 15 de octubre. Esta operación es la quinta que la alcaldesa, Elena Nevado, y su gobierno afrontan en cinco años de mandato, las cuatro primeras en la anterior legislatura, y entra todas suman más de 34 millones de euros.

El gobierno local quiere acogerse ahora a las medidas del real decreto ley de créditos extraordinarios en los presupuestos del Estado. El ministerio aportaría los 6,6 millones tras recibir la solicitud del pleno de la corporación local. Si se recibe el dinero, el consistorio deberá presentar en abril del 2016 un plan de ajuste al ministerio, documento previo para la contratación de una operación de crédito con la que el ayuntamiento devolvería el anticipo de 6,6 millones que obtenga ahora de Hacienda. La intención del gobierno local es que con este dinero se reduzca el periodo medio de pago a los proveedores para no superar el plazo máximo de 30 días que fija la normativa.

El portavoz del PSOE, Luis Salaya, explicó ayer que su grupo se abstiene porque quiere garantías de que el plan de ajuste no suponga nuevos recortes en servicios, como el presentado en el año 2013, "ni tampoco restricciones que impidan la bajada de tributos", añadió. El concejal de CáceresTú, Ildefonso Calvo, comentó que, entre otros motivos, se abstienen "porque no entendemos la razón por la que no se solicitan" los 10,6 millones que propone la tesorería municipal "para atender el total de las obligaciones pendientes". La concejala de Economía, María Guardiola, aseguró el pasado viernes que el plan de ajuste no conllevará recortes y que en la solicitud al ministerio no se irá al total de 10,6 millones que propone la tesorería porque se excluyen 4 millones que carecen de crédito presupuestario, una cantidad que, según apuntó, se intentaría meter en el presupuesto del año 2016.

La primera gran operación de pago de deuda a proveedores se financió en 2011 con un crédito con La Caixa que ya está amortizado. Las de 2012 y 2013 se efectuaron con las medidas propiciadas por el Ministerio de Hacienda para atender débito por las obligaciones pendientes de pago, lo mismo ocurre con el real decreto ley de 2015 que propicia que ahora se vaya a pedir un anticipo al ministerio a reintegrar con cargo al crédito que se contratará en 2016. La operación del 2014 se produjo tras la autorización dada por el ministerio para concertar un préstamo para el pago de parte de la deuda derivada de sentencias por expropiaciones. Solo en el pago de 2012, el de mayor cantidad, no se tuvo que recurrir a una operación de crédito con un banco.