Los barrios cacereños y el ayuntamiento han hecho un frente común de apoyo a la presidenta vecinal de Santa Bárbara (Aldea Moret), Guadalupe Iglesias, en el proceso abierto contra ella y contra el concejal delegado de esta barriada, Joaquín Rumbo, por el corte de luz en un bar. "Ella siempre ha actuado de buena fe, no la abandonaremos, no la dejaremos sola. Nos sentaremos en la puerta de su casa para impedir un desahucio u otras medidas", explicó ayer el presidente de la Agrupación Vecinal, Miguel Salazar. "Lleva diez años dejándose la piel por los vecinos", agregó el edil de Participación Ciudadana, José Luis Sánchez.

Unos y otros defienden "la honestidad" de Guadalupe Iglesias y del propio concejal, "que actuó desde el sentido común". Salazar temía ayer algún embargo sobre la presidenta, al vencer hoy el plazo concedido para que tanto ella como Rumbo presentarán un aval de 54.200 euros, que consideran excesivo. "El marido de Guadalupe está en paro y tiene tres hijos, ¿de dónde va a sacar el dinero? Si lo tuviéramos, se lo daríamos", indicó. No obstante, este diario pudo constatar ayer que el aval ya ha sido aportado por el ayuntamiento, considerado responsable subsidiario.

Todo ocurrió en el 2002. Guadalupe cedió el bar vecinal a un matrimonio con problemas económicos y familiares. Pasó el tiempo y los arrendatarios dejaron de pagar la luz. Guadalupe se dirigió entonces a Rumbo para que pasase el contador (adscrito al ayuntamiento) a nombre de la asociación, ya que los recibos llegaban al colectivo vecinal y no podía dar de baja el servicio.

La luz se cortó y los propietarios del bar afirman que perdieron unos 550 euros en productos. Entonces cambiaron las cerraduras, pero el ayuntamiento emitió una orden de desalojo y los enseres fueron trasladados al depósito municipal. El matrimonio denunció a Iglesias y Rumbo, que han tenido que aportar este aval por un presunto delito de coacciones y serán llamados a juicio.