La plataforma contra el ruido de Extremadura muestra su malestar por las declaraciones de la alcaldesa, Elena Nevado, a favor del indulto a los hosteleros de La Madrila para que puedan eludir la cárcel. Su presidente, José María Iglesias, no valora esta postura: «Ella dice que lo hace a título personal y ahí no vamos a entrar. Otra cosa es que lo compartamos, nosotros creemos que la sentencia lo que hay que hacer es acatarla», señala a este diario.

Sin embargo sí critican el resto de declaraciones de la regidora cacereña. En concreto a las que hacen referencia a los vecinos. Nevado dijo a este diario que «obviamente tienen derecho al descanso pero que esto es una responsabilidad de toda la sociedad cacereña». «Lo que no puede ser es que una alcaldesa no cumpla la ley, no haga nada para que se cumpla y que además pase la responsabilidad a los ciudadanos», protesta José María Iglesias.

El presidente de este colectivo recuerda a la alcaldesa que tiene que velar por que se cumpla la ley de ocio del año 2003 y la ley de ruido del 2007. «Cuando llegó a ser alcaldesa ambas leyes estaban en vigor. Ella debe saber que en las zonas donde se acumulan locales de ocio tiene la obligación de medir el ruido que se genera en la calle, para que no supere los 55 decibelios por la noche. Y esto no lo digo yo, lo dice la ley», afirma Iglesias. Por la mañana estos niveles no pueden superar los 65 decibelios. «Debería haber medido los ruidos y tomar medidas para que no se superen los decibelios, pero no lo ha hecho y, sin embargo, lo que hace es echar balones fuera», insiste. «Precisamente para eso elegimos a los políticos, no para que echen la culpa a los ciudadanos», añade Iglesias.

EN PIZARRO / El presidente de la plataforma regional advierte además de que en la capital cacereña todavía no se ha solucionado el problema de los ruidos. Esta situación sí ha mejorado en La Madrila pero se ha trasladado a la zona de Pizarro. «En Cáceres sigue habiendo ruido y todavía hay vecinos que lo están pasando mal pero sigue sin hacerse nada», agrega José María Iglesias.

Desde el colectivo afirman que «no tenemos nada contra los bares y la hostelería, siempre y cuando cumplan con la ley. El ruido es una cosa muy seria que afecta directamente a la salud de quienes lo sufren», advierte.

Los once hosteleros han sido condenados a penas de entre dos años y tres meses y dos años y nueve meses de prisión por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. La sentencia les inhabilita también durante año y medio para el ejercicio de su profesión y les obliga a indemnizar a 14 vecinos por los daños causados (cada uno recibirá entre 2.500 y 10.000 euros). Ellos solicitarán un indulto parcial de la pena al Gobierno, con el objetivo de que la condena se quede en dos años de prisión y poder eludir su ingreso en la cárcel.

Nevado, que defiende que los hosteleros indemnicen a los vecinos, también apoya a la exalcaldesa Carmen Heras y al exconcejal Carlos Jurado, condenados a un año y nueve meses de prisión por prevaricación medioambiental.

apoyo del ocio nocturno / Por otro lado ayer mostró su apoyo al indulto la Confederación de Empresarios del Turismo de Extremadura (Cetex) y anunció que se van a recoger firmas en bares de la región. Dice que la sentencia es «desmesurada» y teme que esto llegue a ocurrir en otras ciudades de Extremadura.

Por el momento la ejecución de la sentencia se encuentra parada, a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva las aclaraciones que le han solicita algunas de las partes en relación a sus condenas. Una vez que se lleve a cabo esto la sentencia será firme y el caso volverá de nuevo al Juzgado de lo Penal Número 2 que fue el que llevó el caso (la Audiencia confirmó después la sentencia tras un recurso de las partes) y es el que debe decidir si solicita el ingreso en prisión de los condenados o permite que estén en libertad a la espera de que el Gobierno decida sobre los indultos.