Solo dos de los trece acusados por delitos de tráfico de drogas, detenidos en mayo pasado en la denominada ´Operación Rocky´, a los que ayer se iba a juzgar en la Audiencia Provincial se sentaron finalmente en el banquillo de los acusados.

Los 13 iban a ser juzgados por su presunta implicación en una red que se dedicaba a vender en Trujillo y Cáceres las sustancias estupefacientes previamente compradas fuera de Extremadura, en ciudades como Huelva y Toledo, pero 11 evitaron el juicio al conformarse con las penas que, una vez reconocidos los hechos por todos ellos, sus abogados pactaron con la fiscal encargada de esta causa.

En el caso de 9 de ellos, además de conformarse las penas sus abogados solicitaron que para el cumplimiento de las mismas se sustituya la prisión por el ingreso en un centro de rehabilitación. Para los nueve, explicaron a este diario algunos de los abogados defensores, se han conformado penas de prisión --4 años para dos de ellos y 3 años para los otros siete--, pero dada la condición de toxicómanos de todos ellos, sus abogados solicitaron que la pena de prisión se sustituya por la de tratamiento en centro de rehabilitación por el mismo periodo.

Basaron esta petición en la suspensión extraordinaria del artículo 87 del Código Penal, que contempla la posibilidad de sustituir la prisión por centro de rehabilitación, pero siempre que el acusado aporte certificado médico acreditativo de que ya ha iniciado tratamiento de desintoxicación. Esto lo tendrán que hacer los nueve acusados que ayer solicitaron esta posibilidad, y que ahora habrán de esperar a que la Audiencia dicte sentencia para saber si se atiende o no su petición.

En el caso de los otros dos que conformaron las penas, de confirmarse estas por el tribunal, solo Juan C. M. N. irá a prisión, al ser su condena de 3 años y medio de prisión --el Ministerio Fiscal pedía para él 6 años de cárcel--; mientras que I. D. S. no tendrá que ingresar en la cárcel al ser su condena de un año y medio de prisión y no tener antecendentes penales.

DOS A JUICIO Tras los acuerdos de estos once acusados, que se prolongarían durante casi dos horas, a las 12.30 se iniciaba el juicio contra J. M. R. V., vecino de Miajadas para el que la Fiscalía pide 5 años de prisión; y G. M. L., residente en Marbella, para el que se piden 3 años de cárcel.

Ellos fueron los únicos dos acusados que rechazaron la conformidad y decidieron sentarse en el banquillo de los acusados, desde donde proclamaron su inocencia. Ambos dijeron ser inocentes cuando, al inicio de la vista, la presidenta de la Sala les preguntó cómo se declaraban del delito contra la salud pública que les imputaba el Ministerio Fiscal. Y también ambos, que dijeron no conocerse, aseguraron "no saber nada de drogas", e hicieron constar que su única relación con otros acusados "es solo por haber hecho con ellos algún trato de compra-venta de vehículos".