El Grupo Popular en el ayuntamiento cacereño recurrirá, vía administrativa, la resolución de la Junta de Extremadura por la que acepta la recepción de los terrenos cedidos por el consistorio en Casa Plata para el nuevo colegio especial PROA. Y lo hará porque esa resolución establece que el ayuntamiento deberá garantizar la potencia eléctrica suficiente del centro, y el mantenimiento y vigilancia del mismo.
El portavoz del gobierno local, Rafael Mateos, explicó ayer que el ayuntamiento «no asumirá responsabilidades que no le corresponden», y no descarta judicializar el tema. Afirma que ya se encarga del mantenimiento y limpieza del actual Proa (como del resto de colegios), y que así seguirá, pero no se encargará del área de la residencia, «cuya responsable es la Junta». Mateos recrimina que desde 2014 se «pongan trabas» para no construir el centro,
Por su parte, el Grupo Municipal Socialista considera «intolerable» que el gobierno popular «vuelva a boicotear las inversiones de la Junta en la ciudad», y critica que haya tardado 16 meses en ceder los terrenos. Afirma que la Ley de Educación obliga a los ayuntamientos a encargarse de los edificios educativos.
