La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) no proporcionará al ayuntamiento ni la muestra de agua que utilizó en su análisis ni la información del domicilio donde se tomó, indicó ayer su portavoz, Ileana Izverniceanu, que añadió que el dato de la vivienda se dará "si es un juez quien nos lo pide". El gobierno local anunció el lunes que iba a requerir a la OCU toda la documentación referida a Cáceres del informe hecho público hace siete días y que daba en el agua de la ciudad niveles de trihalometanos perjudiciales para la salud.

La publicación de este informe en la revista de la organización se encabezaba con la aseveración de que el agua de la ciudad era no potable el 26 de septiembre del pasado año, día en el que se cogió la muestra. Y no era potable porque se detectaron 251 microgramos de trihalometanos por litro cuando el límite legal es de 150. Los trihalometanos son sustancias químicas que pueden surgir durante el tratamiento del agua para su potabilización. El informe de la OCU alarma porque se apunta que los trihalometanos, si se consumen en cantidades excesivas y de forma continuada, pueden causar daños hepáticos y renales y posiblemente hasta cancerígenos.

La OCU envió al consistorio todos los datos de su análisis, pero el gobierno y los técnicos municipales consideran que se necesita la información del sitio donde se cogió el agua al entender que hay circunstancias externas a la red de suministro que inciden en los análisis, al igual que se pidió la muestra de agua para que se efectuase un contranálisis.

DOMICILIO "No damos el dato del domicilio por guardar la confidencialidad, y la muestra no la podemos facilitar porque se puede perder y es la prueba que tenemos si hay demanda", agregó la portavoz, quien, no obstante, aclaró que hasta ayer no habían recibido "ninguna carta, demanda o petición de rectificación" ni de Cáceres ni de los otros consistorios afectados por el informe.

Entre el análisis de la OCU y los del ayuntamiento y Canal de Isabel II, empresa que gestiona el servicio de abastecimiento a la ciudad, hay dos grandes diferencias. La primera son los resultados que arrojan. Los niveles de trihalometanos recogidos en el informe de la OCU doblan y triplican los de Canal. La organización sólo ha hecho un muestreo puntual, el día 26 de septiembre, y Canal hace varios al año. La otra diferencia es que la OCU tomó la muestra de un grifo, mientras que Canal la recoge de la red, los depósitos o de la depuradora, donde el nivel de trihalometanos debe ser más elevado que en el agua del grifo.

El ayuntamiento recordó el lunes que en sus análisis no se sobrepasan los niveles de riesgo para el consumo, y ayer fue la OCU la que defendió el contenido de su informe, incluso Izverniceanu animó al consistorio a acudir a los tribunales "y que sea un juez o un perito el que demuestre quién tiene la razón".

La portavoz aclaró que desde la OCU no se está diciendo que se deje de beber agua del grifo, ya que incluso los niveles de trihalometanos pueden estar ahora mejor que los de la muestra de septiembre del 2005, pero sí se reclama que se adopten medidas para reducir los niveles de trihalometanos porque "el riesgo que se corre es a medio o largo plazo" si se sigue consumiendo agua con parámetros superiores a los que fija la legislación.

Por otra parte, el alcalde, José María Saponi, se reunirá el viernes con otros alcaldes de ciudades aludidas en el informe para tomar medidas contra la OCU por la alarma creada.