Uno de cada cinco parados confiesa haber realizado trabajos en negro durante el pasado año y haber cobrado por ello. Así lo revela un estudio del portal de búsqueda de empleo Infojobs. Pero cuidado, porque las consecuencias se han endurecido considerablemente tanto para quienes encargan estos trabajos como para quienes los realizan.

Efectivamente. Desde enero de 2013, el Código Penal considera delito trabajar en negro mientras se cobra el subsidio de desempleo o una pensión. El autor podrá ser castigado con la pena de 6 meses a 3 años de prisión, o, atendiendo a lo defraudado o a las circunstancias de la persona, con pena de multa proporcional a lo defraudado. Hasta ahora, el trabajador sorprendido con este tipo de fraudes podía perder su prestación, pero con el nuevo apartado del artículo 307 del Código Penal se arriesga también a la condena por delito con todo lo que ello supone, según detalla la firma DMS Consulting: tener antecedentes penales, ingreso en prisión si hubiera reiteración en el delito o si los importes defraudados fueran considerables, etc...

Además de estas penas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de 3 a 6 años.

Los empresarios que se atrevan a incurrir en estas prácticas lo tienen más complicado desde 2011. Ese año se endureció la normativa, de modo que una empresa que no dé de alta a un empleado en la Seguridad Social se arriesga a una multa de entre 3.126 y 10.000 euros. Pero si además ese trabajador está cobrando el paro, la sanción a la empresa será muy elevada: entre 10.000 y 187.515 euros.

La Agencia Tributaria también ha intensificado este año las actuaciones para aflorar la actividad sumergida, "que genera competencia desleal, perjudicando a las empresas y particulares que sí cumplen correctamente con sus obligaciones", explica el fisco en nota de prensa. El Plan de Control Tributario 2015 considera "especialmente grave" el daño a la libre competencia, por ello, para una mayor efectividad de la acción inspectora, se planifican actuaciones selectivas coordinadas a nivel nacional al objeto de combatir técnicas de ocultación de la actividad, y se complementan con inspecciones convencionales y verificaciones formales en determinados sectores, "contribuyendo así a la creación de conciencia entre los contribuyentes sobre la necesidad de desechar estas prácticas", afirma la agencia. Además, en 2015 se está potenciando la lucha contra la econo- mía en B por medio de intervenciones presenciales con personal de auditoría informática, que analizan y verifican los distintos programas y archivos de los equipos electrónicos.