La Comisión de Régimen Interior dio ayer el visto bueno al borrador de la nueva ordenanza del taxi, que se transforma después de 26 años en vigor y que nace consensuada con el sector. El nuevo texto regula, entre otros asuntos, las licencias, tarifas, vehículos, permisos municipales de conductores, paradas o prestación del servicio. Es el de las licencias, sin duda, el tema más peliguado, que enfrenta los intereses de los asalariados del taxi con los propietarios, los primeros quieren más, los segundos, ponen reparos a que salgan. En Cáceres existen 75 licencias, pero según el decreto de la Junta a la ciudad le corresponden 75. Ahora, el ayuntamiento, amparado en la dispersión de la ciudad y en la construcción del nuevo hospital, tratará de que aún puedan concederse más. La ordenanza aborda, igualmente, otros asuntos como la publicidad en los taxi (a veces excesiva), y uno de ellos muy curioso, el relativo a la indumentaria de los taxistas para que no vistan ropa deportiva o calcen chanclas mientras conducen, aspecto este último que está multado por ley.

La comisión ha abordado otros asuntos, entre ellos ha desestimado el recurso de reposición presentado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos contra la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para el ejercicio 2017. La desestimación del recurso ha contado con el voto favorable del PP y la abstención de PSOE, Cs y CCTú. El recurso parte de la convocatoria de cuatro plazas del área de Urbanismo; para cubrir dos de ellas se pedía exclusivamente la titulación de arquitecto, los ingenieros consideran que se debería haber ampliado también a su titulación, pero no se ha admitido.

PLAN INTEGRAL / Por otra parte, en la comisión el equipo de gobierno ha afeado a los grupos de la oposición que no se haya presentado ninguna aportación al Plan Integral de Seguridad Vial que se quiere poner en marcha en la ciudad para recoger medidas encaminadas a la reducción de los accidentes en el casco urbano. «Lo importante es sumar y que entre en vigor lo antes posible», dijo el concejal Rafael Mateos.

De otro lado, el PSOE también ha afeado al gobierno la contratación del exdirector del Gran Teatro como adjunto al gabinete de prensa del PP a través de una plaza de auxiliar administrativo. La concejala socialista Belén Fernández explicó que el exdirector llega al ayuntamiento en comisión de servicio procedente de otra administración. A juicio del PSOE, el procedimiento no es el adecuado, puesto que esa plaza debería haberse convocado dentro del concurso de traslado del ayuntamiento (no hay concurso de traslado desde 2002) para que si alguien dentro de la casa quiere optar a esa plaza pueda hacerlo. En caso de que en concurso de traslado la plaza continuara vacante entonces sí podría -según apunta el PSOE- ofrecerse al turno libre, pero a través de una convocatoria y siempre con un examen oposición.