Aunque desde esta tribuna se ha anunciado en diversas ocasiones subidas de la tarifa eléctrica, no se trata del mismo incremento, sino de una sucesión de ellos que lo único que consigue es más recursos para las grandes empresas mientras quedamos a ciudadanos en la cuneta. La referida subida energética de hoy se refiere a la que entra en vigor desde este mes de febrero, que eleva hasta el 18% el término fijo de la factura eléctrica. Es decir, se paga se consuma o no se consuma. Este término fijo, que supone en torno al 50% del total de lo que pagamos en el recibo, se ha incrementado casi el doble desde agosto hasta los 42,04 euros/kW.

Además lo hace sobre la tarifa regulada por el gobierno, antigua TUR, que ha cambiado de nombre a Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, que debiera proteger a los consumidores con menos recursos. Ante este despropósito aparece el titular, que no el gestor, del ministerio de Industria, el señor Soria, justificando la medida como apoyo a las familias numerosas. Es malo que se beneficie a uno frente a muchos, pero es peor tomarnos por ignorantes.

Entre otras cosas porque si tenemos en cuenta que el 47% del consumo es en climatización, y la mayor demanda en España es la calefacción, a más personas en un inmueble se requiere menos demanda energética; las personas somos estufas a 36ºC, temperatura aproximada de un suelo radiante.

¿Y los Estados miembros de la Unión Europea no deben garantizar que los consumidores domésticos disfruten de un servicio universal a precios razonables, claros y no discriminatorios? No es sólo que el Reino de España incumpla esta premisa, es que está provocando dejar fuera del sistema a muchas familias. Si se considera pobreza energética a los que utilizan más del 10% de sus ingresos al pago de la factura y si los ingresos de la mayoría de los ciudadanos bajan, ¿No está el gobierno español generando pobres con estas medidas?

PERO las consecuencias de la pobreza energética son gravísimas, provoca enfermedades e incluso muertes; el observatorio de la sostenibilidad, dependiente del ministerio de agricultura, aunque lo han eliminado en el 2013, estimó que la pobreza energética produjo más de 2.300 muertes en España durante el año 2012. Mientras tanto en Extremadura el PP e IU han impedido aprobar una propuesta del PSOE que garantizaba el suministro energético ante eventualidades económicas de las familias.