NACIDO EN ALCANTARA

EDAD 43 AÑOS

TRAYECTORIA HA SIDO CONCEJAL EN CUATRO LEGISLATURAS Y LLEVA DOS AÑOS COMO ALCALDE

Es uno de los ocho municipios cacereños que apenas han visto afectados sus ingresos por la supresión del IAE. Alcántara, con cerca de 2.000 vecinos, recibe 480.000 euros al año (80 millones de las antiguas pesetas) de la empresa Iberdrola por la producción de energía eléctrica. La ley establece que deben seguir pagando el impuesto todas las empresas con un volumen superior al millón de euros.

El alcalde Pablo Herrero (Extremadura Unida) admite que las arcas locales dependen de este tributo. "Iberdrola aporta el 50% del presupuesto ordinario por el IAE. Si no fuera así, la mayor parte de los pueblos dependientes de grandes empresas se habrían arruinado", asegura. Del más de un millón de euros (170 millones de pesetas) que reciben de la compañía eléctrica, la otra mitad va a otros pueblos del pantano de Alcántara.

El regidor pone como ejemplo de la dependencia del IAE a 400 municipios españoles con grandes empresas en su zona de influencia y cita, entre ellas, a las otras eléctricas, Telefónica o Repsol. Las únicas pérdidas, añade, provienen de los pequeños y medianos negocios de los que han dejado de percibir entre 60.000 euros (10 millones de pesetas) y 72.000 euros (12 millones).

Reforma pendiente

Asimismo, Herrero estima que "el gran problema sigue siendo la falta de soluciones a la financiación de los ayuntamientos" y apunta que "todo el mundo está de acuerdo en que hay que hacerlo pero ningún gobierno se ha atrevido todavía". En este sentido, asegura que los consistorios asumen competencias de otras administraciones y tienen que hacer frente a los gastos que conllevan.

En cuanto al reparto que se haga de la compensación prevista a los municipios por la supresión del IAE, el regidor señala que debe hacerse "equitativamente respecto al número de habitantes" y opina que, aunque su municipio sóo ha dejado de recibir una parte, "hay que ser solidarios con otros ayuntamientos". Herrero insiste en que la reforma de la financiación local tiene que ser consensuada por todos los grupos políticos.