La defensa del exconcejal Paco Torres (PREX-CREX), condenado a 7 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación en la pasada legislatura, al adjudicar, según la sentencia, la organización del Encuentro Nacional de Juglares a dos empresas sin convocar concurso público, ha anunciado que presentará recurso de apelación. Afirma que se han seguido las tesis de la acusación y que no se han tenido en cuenta las pruebas de la defensa. "Sostenemos que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia, y por tanto pediremos a la Audiencia que revoque la sentencia", explicó ayer su abogado, Estanislao Martín.

"Negamos que Paco Torres realizara ningún contrato para dicho evento. En cualquier caso, no todo contrato ilegal administrativo tiene que ser necesariamente delito. Además, no asumió ningún compromiso que no fuera exclusivamente abonar los 12.000 euros presupuestados en su concejalía", precisó el letrado.

"Nadie que conozca a Paco Torres se le ocurriría pensar que haría algo ilegal en el ayuntamiento --agregó--, se ha construido un caso con retrospectiva, y esto es un vicio que no muestra los hechos como sucedieron, sino como resultaron, en el que ha incurrido la Fiscalía y lo ha transmitido al juez en la sentencia", subrayó el abogado, insistiendo en que no existió un contrato de más de cien mil euros ni por tanto un fraccionamiento de facturas para evitar el concurso.

Según el letrado, fueron los artistas los que decidieron en una reunión con el ayuntamiento, en la que no estuvo Torres, que iban a reclamar individualmente sus trabajos. "El ayuntamiento pudo y debió rechazar estas facturas. De ellas tuvo constancia la sección de Turismo, así como Intervención. Paco Torres se limitó a firmarlas para que se pudiera buscar financiación en el programa Netur, contabilizándose como OPA, precisamente como se contabilizan las facturas que no tienen financiación", afirma, agregando que el edil no fue "debidamente" asesorado.

Además, pedirá que se especifique el empleo o cargo al que afecta la inhabilitación. Asimismo, entiende que la vía penal es la última instancia y ha invadido la vía contencioso administrativa.