Los padres del niño Iker, afectado por displasia caudal, una enfermedad rara, denuncian al Servicio Extremeño de Salud (SES) por negligencia durante el embarazo. Era considerado «de riesgo» al ser la madre diabética y tener sobrepeso; sin embargo los progenitores aseguran que no se cumplieron los protocolos y no se llevaron a cabo todas las pruebas necesarias que habrían permitido conocer las malformaciones con las que meses después nació el pequeño. Ahora tiene dos años y medio.

La enfermedad que padece consiste en una malformación congénita rara de los segmentos inferiores de la columna vertebral, que provoca el acortamiento de los miembros inferiores y le impide caminar. La diabetes materna es un factor de riesgo importante para el desarrollo del síndrome, que es hasta 200 veces más frecuente que en la población general. Lo que los padres reclaman realmente es una indemnización por haberles privado del derecho a decidir a continuar o no con el embarazo ya que, al no haberse seguido los protocolos, fue imposible conocer de antemano los problemas del pequeño. Además también reclaman el daño que ha ocasionado a la familia esta situación. Los padres se vieron obligados a trasladarse a Cáceres (son de Alcollarín) para que Iker pudiera recibir las terapias necesarias, que son además muy costosas.

Antes de interponer la demanda, explica la abogada de la familia, Lourdes Díaz, se presentó una reclamación administrativa. El servicio de ginecología y obstetricia del hospital San Pedro de Alcánatara debía haber redactado un informe sobre la actuación que se llevó a cabo con la madre de Iker, pero no lo hizo. Ante esto el inspector médico del SES resolvió que «efectivamente había habido negligencia», aunque añade que esta conclusión debe ampliarse con el informe del servicio.

«Cuando el niño nació no sabíamos que venía mal. En el ginecólogo siempre me habían dicho que todo iba perfectamente hasta que en la semana 34 (octavo mes de embarazo) me provocaron el parto. Aún estoy esperando a que me den una explicación de todo esto», señala la madre de Iker, Macarena Fernández. «¿Por qué no nos han dado el derecho a decidir? No me arrepiento de haber tenido a mi hijo porque es lo mejor que tenemos pero no nos dieron la oportunidad de decidir si queríamos o podíamos asumir todo esto», añade.

Iker comenzará en septiembre el colegio pero para poder asistir a clase necesitará una silla especial con la que pueda desplazarse. Cuesta unos 7.000 euros, dinero que la familia intentará conseguir con los apoyos que recibe de la sociedad extremeña. Es una silla especial que debe adaptarse a las malformaciones del pequeño. Este diario preguntó ayer sobre este asunto al SES, pero prefirió no hacer declaraciones.

DENUNCIAN UNA ESTAFA / Por otro lado, los padres acaban de denunciar públicamente una presunta estafa por la utilización del nombre de Iker para recoger dinero. Han tenido conocimiento de que en Almendralejo una persona lleva una hucha para conseguir dinero y recoge firmas, sin embargo los padres aseguran que ellos no tienen nada que ver con esta recogida. Ya ocurrió lo mismo hace meses en la capital cacereña. En estos momentos tienen en marcha la campaña de los tapones y venden calendarios a favor de Iker. También cuentan con tres huchas en Cáceres, Trujillo y en Torrecillas de la Tiesa.