La policía les detenía hace algo más de un año tras un registro en el bar ´La Buhardilla´, sito en la calle Fuente Nueva, por la supuesta venta de drogas en el mismo, y desde entonces José María L. P. y Manuela B. están en prisión.

Desde el centro penitenciario de la ciudad, donde ingresaron el 10 de diciembre del 2009, fueron trasladados ayer hasta el Palacio de Justicia para ser juzgados en la Audiencia Provincial del delito de tráfico de drogas, con el agravante de realizarse en establecimiento abierto al público, del que les acusa el fiscal y por el que pide para cada uno de ellos 10 años de prisión.

Era esta la pena que solicitaba en su escrito de acusación y la que ayer mantuvo en la vista, donde ambos acusados negaron la venta de drogas, pese a las declaraciones de varios testigos que confirmaron haber comprado cocaína en su bar.

José María L. P., politoxicómano en aquella época, reconoció haber "trapicheado" con drogas, pero aseguró que solo para su propio consumo y siempre fuera del bar. "Yo lo que hacía era ir a comprar droga a Aldea Moret para algunos conocidos que no querían ir ellos a cambio de que me dieran una parte para mi consumo, pero nunca se la entregué en el bar".

Además, exculpó de todo a Manuela, "que no sabía que yo consumía". Aunque hacía años habían mantenido una relación sentimental, señaló que por entonces "solo nos unía ya una buena amistad", por la que, dijo, ella "me permitió quedarme en el piso que está encima del bar, vacío y sin luz ni agua, para que no durmiera en la calle".

Manuela B., por su parte, negó en todo momento cualquier relación con el tráfico de drogas. "Nunca he consumido drogas ni he vendido, ni en el bar ni en ninguna otra parte".

Sus declaraciones fueron desmentidas por al menos dos de las personas que declararon en el juicio como testigos. Ambos aseguraron haber comprado cocaína en el bar ´La Buhardilla´, droga que les habría suministrado José María y por la que la acusada les cobró 40 euros, "precio que cobraban por un gramo".

Concluida las declaraciones de los acusados, los testigos y los agentes de la Unidad de Estupefacientes de la Policía Nacional que intervinieron en la investigación, controles y entradas y registros del bar y la vivienda anexa a este, los abogados defensores de ambos acusados pidieron la absolución de estos por considerar "no acreditado" el delito de tráfico de drogas que se les imputa.

El fiscal, por su parte, mantuvo su acusación para ambos de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, y con la circunstacia agravante de realizarse en establecimiento abierto al público, así como la petición para cada uno de ellos de una pena de 10 años de prisión y multa de 600 euros.