El concejal de Seguridad Ciudadana, Santos Parra, negó ayer que el ayuntamiento no haya consensuado con la Coordinadora Ciudadana por la Libertad de Expresión las modificaciones en el texto de la futura Ordenanza Municipal Reguladora de la Convivencia y de la Protección del Entorno Urbano. El edil insistió en que la nueva normativa ha sido apoyada por los grupos municipales del PP, PSOE e IU en la comisión de Seguridad Ciudadana celebrada el pasado 14 de febrero y defendió la necesidad de que entre en vigor para evitar el coste adicional para el ayuntamiento por destrozos en mobiliario urbano.

Parra se mostró convencido de que la ordenanza de Cáceres es menos restrictiva que otras similares como la de Córdoba y afirmó la única oposición que ha tenido procede de grupos "de izquierda" y que existe una plataforma ciudadana constituida para defenderla.

El concejal negó también las acusaciones realizadas por Arístides García Suárez, miembro de la coordinadora, en las que afirmaba que la comisión municipal no había atendido "el texto alternativo" presentado a varios artículos de la normativa municipal. Parra reiteró que los grupos municipales habían escuchado las sugerencias de la coordinadora y que se han introducido cambios en la ordenanza.

Entre ellas, destaca la eliminación de la responsabilidad de organizadores de eventos y manifestaciones públicas cuando se produzcan destrozos fuera del lugar donde éstos se celebren. La responsabilidad es individual de quien los produzca. También se mantiene la obligación de una fianza para la concesión de permisos de celebración de actos públicos, aunque esta medida se suaviza ya que será la Junta de Gobierno Local el órgano competente para establecer dicha fianza según criterios ya definidos.

Otra de las novedades es el compromiso del ayuntamiento de habilitar en la vía pública paneles para la colocación de anuncios particulares y carteles publicitarios de forma que, al prohibir que se utilice el mobiliario público, se ofrezcan al ciudadano otros soportes.