Realizada recientemente por el ayuntamiento la aprobación inicial del nuevo plan general municipal, éste debe someterse a información pública con el consiguiente periodo de presentación de alegaciones por parte de los interesados. La legislación del suelo fija que este periodo no puede ser inferior a un mes, y permite que sea todo lo amplio que se considere. La legislación da un periodo mínimo garantista de exposición pública de un mes que puede ser suficiente para planes urbanísticos de pequeñas localidades. Pero parece obvio que para el nuevo plan, que diseña una ciudad para cincuenta años, que habla de 350.000 habitantes, que recoge cambios importantes como el traslado de la estación o la reclasificación masiva de terrenos como la Sierrilla y la Montaña, es necesario que el consistorio garantice de manera rigurosa el principio de participación pública, que no puede quedar reducido a un mero formalismo.
Por ello desde el Foro de Urbanismo, entidad que agrupa a profesionales del urbanismo, ciudadanos y colectivos varios, creemos que para facilitar ese principio de participación pública el ayuntamiento debería considerar un periodo de exposición pública lo más amplio posible. Dos meses sería lo mínimo para que los interesados tuviesen tiempo de consultar el plan, informarse y decidir si presentan alegaciones. Al mismo tiempo el ayuntamiento debe posibilitar el acceso a la información a través de los nuevos medios, así se podría facilitar a bajo precio una copia del plan en Cd-rom a los interesados, y colgarlo en internet para que sea fácil de consultar. Son medidas que el ayuntamiento tiene en su mano.
Es obvio que la gran mayoría de cacereños no tiene entre sus principales preocupaciones el diseño urbanístico de la ciudad, a pesar de su importancia. Pero aunque sea un porcentaje mínimo el que quisiera consultar el plan, conocer los cambios proyectados y presentar alegaciones, es evidente que para la mayor parte de los ciudadanos encontrar unos días disponibles para ir al palacio de la Isla, donde el ayuntamiento prevé exponer el plan, y consultar su farragosa documentación y los pocos comprensibles planos para la mayoría de los profanos, es tarea más que compleja.
La situación se complica si el interesado, que ha logrado librar de sus tareas habituales un día hábil, debe competir allí con otras personas para consultar el plan, esperando que el documento que le interesa quede libre. Y eso si el profano interesado no coincide con representantes de constructoras o promotores que están estudiando a fondo donde les es más interesante comprar y vender suelo. Por eso la difusión del plan a través de las nuevas tecnologías facilitaría la información, la consulta y la participación pública.
También es necesario tener en cuenta que mientras algunas empresas tienen especialistas, que saben sobrevolar normas, mapas y planos hasta llegar a los que les interesa, el ciudadano de a pie sólo tiene su escaso tiempo, mínima disponibilidad y escasos conocimientos sobre el tema. Por ello también sería recomendable que junto a la documentación hubiese unos técnicos municipales que asesorasen al ciudadano interesado dónde puede consultar la información que desea y le explicasen la, a primera vista, incomprensible maraña de colores, siglas y números que uno encuentra en un plano urbanístico.
Ahora el ayuntamiento tiene la oportunidad de demostrar que le interesa la participación pública, especialmente en una cuestión de tanta importancia como el diseño futuro de Cáceres. Tiene la ocasión de demostrar que esa participación es algo más que un formalismo engorroso. Si este periodo de información pública que pronto se va a iniciar va acompañado de medidas que faciliten la consulta con un periodo amplio de exposición, de al menos dos meses; si en las próximas semanas vemos que el plan se distribuye fácilmente entre los ciudadanos en Cds y se puede consultar en internet; si unos técnicos municipales ayudan en la consulta, el ayuntamiento estará facilitando y haciendo realidad el principio de participación pública.
En caso contrario podría suponerse que el consistorio quiere superar ese trámite lo antes posible, que no le interesa esa participación o que considera que esa información debe difundirse lo menos posible, quizá solo para unos cuantos, aquellos que seguramente ya hace tiempo decidieron cuándo y dónde se va a edificar.
Y creemos que no debería ser así, sino al contrario: el futuro urbanístico de la ciudad es una cuestión de todos los ciudadanos y las autoridades municipales tienen que remover los obstáculos y despejar el camino para que así sea.
