Tres años y medio de prisión y una multa de 3.294 euros es la condena que la Audiencia Provincial ha impuesto al dueño del hostal-club Latinos de Miajadas, a quien el tribunal que le juzgó el pasado día 21 de febrero le ha declarado culpable de un delito contra los derechos de los trabajadores. A Manuel Oliva, así como a dos empleados de su establecimiento --la recepcionista y el encargado-- y un antiguo socio, se les juzgó también por los delitos de inducción a la prostitución y detención ilegal, de los que todos han sido absueltos.
Los hechos por los que se les juzgó, derivados de la denuncia de una ciudadana brasileña que acusó a Manuel Oliva y otros de traerla engañada desde Brasil y obligarla a alternar y ejercer la prostitución en su local, del que declaró que pudo escapar con la ayuda de un cliente, ocurrieron en los últimos meses del 2002.
Según recoge la sentencia como hechos probados, en el hostal Latinos de Miajadas, del que es dueño Manuel Oliva, únicamente se hospedan mujeres extranjeras, "que nada más llegar al establecimiento eran obligadas a firmar con Manuel un contrato de hospedaje en el que se les imponía un horario de trabajo consistente en que tenían que bajar al salón y permanecer en él de cinco de la tarde a tres de la madrugada, estando obligadas a vestir ropas insinuantes y acercarse a los hombres en actitud cariñosa a fin de inducirles a consumir bebidas, repartiéndose la mujer y el club el dinero".
Además, se añade, "abonaban 12 euros diarios por alojamiento, y distintas cantidades por sábanas de usar y tirar, preservativos, esponjas y todo lo que necesitaran para mantener relaciones sexuales con los clientes".
PROBADO El tribunal declara "existente y cometido" por Manuel Oliva un delito contra los derechos de los trabajadores, pues "se lucraba con el trabajo de esas mujeres a las que, sabiendo que eran inmigrantes ilegales, imponía una situación laboral por debajo de los derechos mínimos legales"; y, al decir su abogado que por su situación de ilegalidad en España no podía darlas de alta en la Seguridad Social, "se está afirmando un fraude de ley: no puedo darlas de alta, pero sí las empleo ilegalmente sabiendo que no puedo hacerlo, y las impongo unas condiciones de trabajo humillantes, vejatorias y degradantes".
Contra esta sentencia cabe recurso ante el Tribunal Supremo, algo que posiblemente hará el acusado teniendo en cuenta que ha recurrido una reciente sentencia del TSJEx, publicada por este diario el pasado día 28, que declara la existencia de relación laboral entre Oliva y nueve mujeres hospedadas en su hostal.
