Por unos hechos ocurridos a finales del año 2002, el concejal Joaquín Rumbo fue juzgado, acusado de un delito de prevaricación, el pasado 27 de enero en el Juzgado de lo Penal, que a primeros de febrero dictó sentencia. Al edil se le consideró culpable y se le impuso una condena de 7 años de inhabilitación y el pago de una indemnización máxima de 556 euros. El siempre ha mantenido su inocencia, y por ello ha recurrido ante la Audiencia.
