Nada menos que 800 tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida están en manos de ciudadanos que ya no viven en Cáceres o incluso que han fallecido. Así se desprende del estudio que ha realizado el grupo permanente de trabajo sobre accesibilidad del Consejo Sectorial de personas con discapacidad del ayuntamiento, que recabará aportaciones de los colectivos para la elaboración de una ordenanza municipal de accesibilidad universal.
La concejala de Asuntos Sociales, Marcelina Elviro, no supo precisar el número de tarjetas existentes en su totalidad, aunque sí cifró las que se encuentran en situación irregular. "Durante años se han estado entregando", dijo la responsable municipal, quien se refirió a las "dificultades" que encuentra la policía local a la hora de interponer denuncias.
Ahora el ayuntamiento pretende ordenar la situación. Así, la ordenanza regulará de manera general la accesibilidad en espacios públicos urbanizados y edificaciones, en medios de transporte y tecnologías, en productos y servicios de información y comunicación. Con ello se quiere corregir el uso fraudulento de las tarjetas de aparcamiento.
Ayer mismo, el concejal de IU presentó una proposición para que el ayuntamiento establezca en un periodo de tres meses el canje de todas las tarjetas por otras que impidan o dificulten su falsificación. Al mismo tiempo, el canje se aprovecharía para exigir la certificación de que las personas beneficiarias conservan la condición de cuando se les concedió la tarjeta.
En cuanto a las sanciones, Izquierda Unida propone una multa de 750 euros y tres meses de suspensión del uso de la tarjeta si es la primera vez que se comete la infracción. Si se produce una segunda infracción dentro de los tres años siguientes de la primera multa, se elevaría una sanción de 1.500 euros y retirada definitiva de la tarjeta.
El grupo de trabajo de accesibilidad está presidido por Marcelina Elviro y Miguel López y lo integran nueve colectivos.
