La no comparecencia de la presunta víctima en un caso de violación obligó ayer a suspender en la Audiencia Provincial el juicio previsto por esta causa, en la que figura como imputado un vecino de Plasencia, Ignacio R. M. Este se enfrenta a 10 años de prisión, condena que por un delito de agresión sexual solicita el Ministerio Fiscal que se imponga al procesado.

Poco antes de las diez de la mañana, hora fijada para el inicio del juicio, el acusado, testigos y peritos esperaban en las puertas de la sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Hacia las 10.30 horas accedían a ella el acusado y los letrados de la defensa y la acusación, que momentos después comunicaban que la denunciante no se había presentado --al parecer se encuentra en el extranjero--, por lo que se suspendía el juicio, que ha quedado aplazado hasta el próximo 17 de febrero.

ACUSACIONES Los hechos por los que Ignacio R. iba a ser juzgado ayer, y por los que ahora habrá de esperar hasta el 17 de febrero para sentarse en el banquillo de los acusados, tuvieron lugar sobre las tres de la madrugada del 2 de febrero del 2003.

Según recoge el Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales como hechos probados, la denunciante se encontraba en la puerta de la discoteca Bariloche de Plasencia cuando el procesado "agarrándola fuertemente del brazo consiguió introducirla en el interior de su vehículo". Seguidamente, el acusado condujo el vehículo hasta un descampado próximo al hospital Virgen del Puerto "donde intentó que le hiciera una felación... y, como no lo consiguió, la abofeteó y, por la fuerza, la penetró vaginalmente". Una vez consumado "su propósito lúbrico", arrancó su vehículo y al llegar a la ciudad, concretamente en la calle Sor Valentina Mirón, dejó a su víctima y huyó al advertir la presencia de varias personas.

El fiscal considera estos hechos constitutivos de un delito de agresión sexual, por los que pide para el acusado 10 años de prisión; y de una falta de lesiones, por la que solicita una multa de 270 euros. Además, se solicita que indemnice a su víctima con 40.000 euros por los daños morales causados.