Cuando se discute sobre cuestiones urbanísticas, solemos hablar de diseño urbano eficiente, Green Cities, Smart Cities, relación vivienda-ciudad, conformación del núcleo urbano, movilidad sostenible..., pero escasean los planteamientos globales que, teniendo en cuenta estos y otros aspectos, contemplen el horizonte de las generaciones futuras. También es frecuente el uso reducido de determinados conceptos, como el de ecológico, que algunos interpretan (seguramente de forma interesada) como antagónico a económico. Para evitar tal reducción empleamos el término sostenibilidad, aunque los partidarios del otro significado insistan en el inasumible coste de cualquier acción dirigida hacia una actuación responsable con el medio ambiente. De ahí que mucha gente relacione a los poderes económicos -e institucionales a veces- con asuntos de polución o contaminación.
Como bien dicen los físicos, la clave para conocer el estado de las cosas es la medida, que justamente es lo que suelen eludir algunos responsables institucionales: cómo puede valorarse algo que no se conoce con precisión. Debería, por tanto, considerarse como una actuación irresponsable cualquier planificación urbanística ignorante de sus consecuencias medioambientales y el hecho de no tener en cuenta que será más desarrollada aquella sociedad que mejor conozca su entorno y las consecuencias de su estado. Así, sociedades como la japonesa, norteamericana, británica o las del norte de Europa disponen de sistemas de evaluación ambiental del medio urbano como CASBEE, LEED o BREEAM, que se dedican a estos menesteres y no sólo a contar pajaritos, como más de uno diría. Tales sistemas analizan aspectos funcionales, entre los que se encuentran el diseño urbano -dimensiones y accesibilidad de espacios públicos, densidades edificatorias, dotación de servicios, conservación de activos históricos, planificación inclusiva, edificios rehabilitados, fomento de inmuebles sostenibles...-, recursos disponibles o que se generan -energía, agua, materiales, polución del aire y contaminación- y transportes -en la perspectiva de movilidad que ya hemos tratado-.
También se incluyen aspectos ambientales como el territorio -usos, ocupación,...-, la biodiversidad -espacios verdes de calidad con vegetación autóctona, consideración del viento y la luz natural, aprovechamiento de la topografía existente, conservación de recursos hídricos y hábitats- y calidad ambiental -capacidad de limitar el exceso de temperatura de la ciudad respecto al entorno inmediato, contaminación acústica, lumínica, geológica...-.
Y, por supuesto, se valoran también aspectos socioeconómicos, como la cohesión social y la economía local -centros de formación, identificación de sectores prioritarios, empleo, nuevos negocios...-, aunque tales valores no sean considerados por algunos como económicos.
COMO VEMOS, la gestión urbanística significa algo más que liberar suelo, tapar baches o instalar aparcamientos. La planificación requiere la valoración e interrelación de múltiples aspectos sobre la ciudad y para ello hay que investigar y preguntar, en su caso, a los que saben de cada materia, aunque no esté demás un elemental conocimiento previo. Se trata también de cumplir la ley, en lo que se refiera a los "fines comunes de las políticas públicas para un medio urbano sostenible" (Ley del Suelo 2/2011) y de localizar textos versados sobre estas cuestiones, por ejemplo, el publicado por el Ministerio de Fomento y elaborado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona: "Certificación del Urbanismo Ecológico".
