Aún no se ha empezado a discutir el pliego administrativo del concurso, que recoge los criterios de adjudicación del nuevo contrato. Se da la circunstancia de que el borrador del pliego administrativo no recoge los criterios que propone el gobierno, que serán los que se pongan encima de la mesa para su debate. Con estos criterios se priman dos cosas: que el concurso lo gane la empresa que presente la oferta más barata y que tenga una menor incidencia en la tasa y que la compañía dé al inicio de la concesión al ayuntamiento un canon de 35 millones, por encima de los 30 millones previstos inicialmente, además los 5 de diferencia no serían repercutibles en la tasa.La empresa que ponga un canon de 35 millones obtiene 30 de los 100 puntos posibles, si además ofrece un canon variable y anual del 5% de la facturación anual neta (algo menos de medio millón, que tampoco se repercutirían en la tasa) logra otros 8.Otros 15 puntos, divididos entre 3 criterios, se dan a la oferta que presente los costes más baratos, tanto de explotación como de las obras a ejecutar y por los contadores, además, por ejemplo, también se va a tener en cuenta si se ofrece una menor financiación para abonar el canon, que en principio es de 30.103.000 euros (las cantidades superiores y hasta 35.000.000 o el canon variable no se pueden repercutir con cargo al servicio).Otros 8 puntos se conceden a la empresa que ofrezca mayores mejoras en inversión, que tampoco se pueden repercutir en la tarifa.Es decir, 53 puntos se dan a la más barata y a la que dé el canon más alto, 8 a la que proponga mayores mejoras y los 39 restantes quedan para los criterios de organización y de gestión del servicio.En el borrador que forma parte del expediente, los criterios de organización y gestión dan 55 puntos, mientras que el canon solo 20. En el borrador se recoge la creación de una comisión de expertos para que intervenga en la valoración de las ofertas al dar a los criterios que dependen de un juicio de valor más puntos que los que se evalúan mediante una fórmula. En los criterios que propone el gobierno ocurre al revés, por lo que no se necesitaría este comité.