El caso de una agente de la policía local de la ciudad, acusada de quedarse con dinero de la retirada de vehículos por la grúa municipal, llega a juicio. F. A. M. se sentará hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para ser juzgada. Y lo será por un jurado popular, al ser competencial del Tribunal del Jurado el delito continuado de malversación de caudales públicos que le imputa el Ministerio Fiscal y por el que solicita que se le imponga una pena de dos años de prisión.
Y además de la pena de privación de libertad pide también la fiscal encargada de este caso su suspensión para empleo o cargo público por un periodo de dos años y el pago de una multa de 1.070 euros, además de indemnizar al ayuntamiento con 2.280 euros, la cantidad de la que según la fiscal se apropió.
Pero habrá de ser el jurado popular, los nueve ciudadanos a los que hoy mismo se designará al inicio de la sesión para integrarlo, el que habrá de determinar si F. A. M. es o no culpable de malversar caudales públicos, si esta policía se apropió o no, en apenas dos meses, de casi 2.300 euros correspondientes a 38 cargos, tanto de sanciones como de tasas, por retirada de la grúa.
De este caso, que hoy llega a juicio, se tuvo conocimiento en la Fiscalía Provincial de Cáceres por el propio ayuntamiento, que lo puso en su conocimiento tras detectarse irregularidades en servicios de la grúa realizados en los primeros meses del año 2008 y en los que actuó la agente acusada. El Ministerio Fiscal, tras investigar lo sucedido, apreció indicios de delito en las actuaciones de F. A. M. y la acusó.
HACE DOS AÑOS Según recoge la fiscal encargada de esta causa en su escrito de calificación, la acusada llevaba al menos un año en la Unidad de la Grúa Municipal cuando ocurrieron los hechos de los que se le acusa.
Se indica en este sentido que, al menos durante el año 2007 y parte del 2008, F. A. M. estuvo destinada en esta unidad de la policía local desarrollando funciones de retirada de la vía pública de vehículos infractores, y también, en algunas ocasiones, en el depósito municipal de vehículos. Este servicio tiene entre sus funciones la de entregar los vehículos retirados de la vía previo abono de la tasa de grúa --60 euros y 15 para los ciclomotores--, al margen de la sanción correspondiente.
Y para explicar el modus operandi de F. A. M., la fiscal da cuenta en su escrito de acusación de la forma de actuar de los agentes de la Unidad a la que pertenecía la acusada. Así, señala, "al final de cada turno deben entregar en la Unidad de Sanciones los boletines de las denuncias interpuestas --una copia se da al sancionado-- y de las tasas de grúa, así como, en su caso, el efectivo que se hubiera cobrado. Cuando no está abierta dicha Unidad, se depositan los sobres con los cargos y el dinero en una caja fuerte dispuesta a tal efecto en la Jefatura de la Policía Local".
Pero la agente, hace constar la acusación pública, "no actuaba de este modo, sino que en más de una ocasión realizaba el cobro de la sanción pero no ingresaba ni el dinero ni, para no dejar rastro, el boletín de denuncia". Sobre su modo de actuar comenzó a sospecharse a raíz de que algunos ciudadanos a los que se les había notificado la incoación de expedientes por impago acudieron a la Jefatura para reclamar, pues ya habían abonado el importe de sus infracciones, en todos los casos, según la copia acreditativa, a la agente acusada.
"Estas irregularidades dieron lugar a una revisión de los boletines de las tasas de grúa, con la que se detectó que faltaban 38 cargos, lo que supone que la acusada se habría apropiado con ánimo de ilícito beneficio de 2.235 euros", concluye la acusación pública en su escrito.
