La policía de Cáceres acusada de quedarse con el dinero de la grúa afirma que es inocente

Ocurrieron los hechos entre finales del 2007 y principios del 2008, y ayer se iniciaba el juicio en la Audiencia, y por Tribunal del Jurado, competente en el delito de malversación de caudales públicos del que se acusa a esta agente. Habrá de ser pues un jurado popular, integrado por cinco hombres y cuatro mujeres, el que tendrá que determinar si Fátima A. M. es o no culpable del delito que le imputa el Ministerio Fiscal y por el que este pide para ella una pena de 2 años de prisión y la suspensión para el desempeño de empleo o cargo público por el mismo periodo de tiempo, además del pago de una multa de 1.070 euros y de una indemnización al ayuntamiento de 2.280, la cantidad de la que supuestamente se apropió.

PROBLEMAS PERSONALES La agente negó una y otra vez haberse quedado con dinero alguno. Lo único que reconoció fue que sus mandos la reclamaron el dinero (126 euros) de dos sanciones que había cobrado, y que tardó en entregar, algo que justificó en un olvido. Se debió, expusieron tanto ella como su abogado, a que por esa época sufría un mal momento personal, pues acababa de tener un juicio contra su entonces marido, también policía local, por violencia doméstica, "y pese a que este fue condenado y tenía una orden de alejamiento, en muchas ocasiones coincidían en el mismo turno de trabajo", hizo constar su letrado, Abel Martín.

Fue esta la causa de su olvido, "no de sustracción, pues ella terminó entregando el dinero", añadió su abogado, quien respecto a la apropiación del dinero correspondiente a los 38 cargos de retirada de grúa hizo constar: "Esto es algo que no se ha demostrado ni puede demostrarse, pues se ha acreditado que los agentes ceden a otros compañeros sus cargos cuando los necesitan".

Es por ello que el abogado de la defensa consideró que la acusada "puede estar siendo víctima de un sistema de recaudación de sanciones tercermundista", lo que justificó alegando el "nulo control y seguimiento" que se hace por parte de las unidades de sanciones y depósito de vehículos de la Jefatura de la Policía.

Argumentó al respecto, como ejemplos, que "a ningún agente se le firma un recibí cuando entregan los boletines de sanciones y los cargos de grúa con sus respectivos importes", o que cuando no están los jefes "lo meten todo en un sobre y lo depositan en una caja fuerte que tiene una especie de ranura a la que muchos tienen acceso y que muchas veces está tan llena que los sobres se salen".

UN CASO UNICO Los argumentos del abogado defensor fueron rebatidos por todos los mandos policiales que declararon en el juicio, que, además, aseguraron que el caso de esta agente es único, "nunca antes ha faltado ningún cargo de otro agente".

Este hecho también fue reconocido por el vicesecretario del ayuntamiento, que declaró en calidad de instructor del expediente disciplinario de que fue objeto la agente acusada, y que según indicó "no fue necesario hacer una auditoría del sistema de cobros de la Policía Local porque nunca antes había habido problemas, nunca se había dado un caso como este".

En cuanto a las cuestiones planteadas por el abogado defensor, como el hecho de no firmar a los agentes un recibí, los mandos policiales aseguraron que si los agentes lo requieren, algo que reconocieron no es habitual, "se les firma sin ningún problema", y respecto a la caja en la que se depositan los sobres, de la que señalaron solo tres personas tienen llave, manifestaron con rotundidad que "no se llena nunca, pues en ella caben muchísimos sobres".

Tras las sesiones de mañana y tarde de ayer, esta mañana el jurado se retirará a deliberar, por lo que es previsible que hoy mismo se conozca su veredicto.