Una agente de la Policía Local de Cáceres, F. A. M., será juzgada próximamente por la Audiencia Provincial acusada de quedarse con dinero de la retirada de vehículos por la grúa municipal. Y será un jurado popular el que habrá de determinar si, en apenas dos meses, la agente se apropió o no de unos 2.300 euros correspondientes a 38 cargos, tanto de sanciones como de tasas, por retirada de la grúa.

El citado jurado tendrá, en definitiva, que decir si esta agente es o no culpable del delito continuado de malversación de caudales públicos --delito competencia del Tribunal del Jurado-- que le imputa el Ministerio Fiscal y por el que solicita que se le imponga una pena de 2 años de prisión, multa de 1.070 euros y 2 años de suspensión de empleo o cargo público. Se solicita además que indemnice al ayuntamiento con 2.280 euros, la cantidad de la que se habría apropiado, siempre según el fiscal.

Fue el propio ayuntamiento --sus responsables eludieron ayer pronunciarse sobre el caso-- el que puso el asunto en conocimiento de la Fiscalía, tras detectarse irregularidades en servicios de la grúa realizados en los primeros meses del 2008 y en los que actuó la ahora acusada. El Ministerio Fiscal, tras investigar lo sucedido, apreció indicios de delito en la actuación de F. A. M. y la acusó.

ACTUACION ILEGAL Según recoge la fiscal encargada de esta causa en su escrito de calificación, la acusada llevaba al menos un año en la Unidad de la Grúa Municipal cuando ocurrieron los hechos de los que se le acusa. Se indica al respecto que, al menos durante el 2007 y parte del 2008, F. A. M. estuvo destinada en esta unidad de la policía local desarrollando funciones de retirada de la vía pública de vehículos infractores, y también, en algunas ocasiones, en el depósito municipal de vehículos, que tiene entre sus funciones la de entregar los vehículos retirados de la vía previo abono de la tasa de grúa --60 euros y 15 para los ciclomotores--, al margen de la sanción correspondiente.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se da cuenta de la forma de actuar de los agentes de la unidad a la que pertenecía la acusada para explicar su modus operandi: al final de cada turno deben entregar en la Unidad de Sanciones los boletines de las denuncias interpuestas --una copia se da al sancionado-- y de las tasas de grúa, así como, en su caso, el efectivo que se hubiera cobrado. Cuando no está abierta dicha unidad, "se depositan los sobres con los cargos y el dinero en una caja fuerte dispuesta a tal efecto en la Jefatura de la Policía Local".

Pero la agente no actuaba de este modo, sino que en más de una ocasión realizaba el cobro de la sanción pero no ingresaba ni el dinero ni, para no dejar rastro, el boletín de denuncia. Sobre su modo de actuar comenzó a sospecharse a raíz de que algunos ciudadanos a los que se les había notificado la incoación de expedientes por impago acudieron a la Jefatura para reclamar, pues ya habían abonado el importe de sus infracciones, en todos los casos, según la copia acreditativa, a la agente acusada.

"Estas irregularidades dieron lugar a una revisión de los boletines de las tasas de grúa, con la que se detectó que faltaban 38 cargos, lo que supone que la acusada se habría apropiado con ánimo de ilícito beneficio de 2.235 euros", concluye la acusación pública.