Agentes del Grupo Especial de Seguridad (GES) de la Policía Local de Cáceres entre los años 2008 y 2011 han declarado hoy, en el caso de La Madrila, que todos los fines de semana recibían denuncias de esa zona y que levantaron actas a los locales por incumplimiento del cierre y ruido.

En la séptima jornada del juicio ha sido el turno de los agentes que durante los años que se enjuician realizaron la labor de levantar las actas de denuncias a los locales y realizar las mediciones en las casas de los vecinos que llevaron esta causa a los tribunales.

A lo largo de sus declaraciones -lo han hecho cuatro de los seis que componían el grupo- han indicado que todos los fines de semana recibían denuncias de esa zona por molestias a los vecinos e incluso uno de ellos ha llegado a señalar que "no teníamos capacidad de abarcar todo lo que nos mandaban", en referencia al jefe de Sanciones.

En cuanto a su forma de proceder, han indicado que la pareja que estaba de servicio acudía a la zona y a los bares que incumplían el horario de cierre, se levantaba acta y se le comunicaba al propietario o al encargado.

En ese mismo acta se indicaba en alguna ocasión que trascendía ruido del interior del local al exterior con la puerta cerrada y abierta.

Preguntados por el hecho de que esas consideraciones o las denuncias por ruido no llegaban a fin, han contestado que hacer el seguimiento del mismo no era su fin y que una vez iniciado el expediente, "se desentendían".

Muchas de las preguntas de la Fiscalía y de las defensas han ido orientadas a las mediciones de ruido en las casas de los vecinos.

En este aspecto no ha habido unanimidad y mientras unos han declarado que el sonómetro con el cual tenían que hacer las mediciones estuvo estropeado "meses", otros han dicho que "años".

En las que sí pudieron realizar la práctica, la medición se hacía desde casa del vecino afectado con y sin actividad del local y en este punto han señalado que "no era posible diferenciar el ruido de la calle del de los locales".

En el turno de preguntas de los abogados, a la parte que defiende a los vecinos, han contestado que "era evidente que los locales sabían que había quejas por el ruido".

Aunque también, a preguntas de los letrados de los once hosteleros acusados, que se enfrentan a tres años de prisión, han reconocido que en las puertas de los establecimientos se acumulaba bastante gente y que también eran emisores de ruido.

El letrado que ejerce las defensas de la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal Carlos Jurado -ambos se enfrenta a una pena de un años y nueve meses de prisión- ha incidido en de quién dependían y quien era el impulsor de los expedientes y ha obtenido la respuesta de que era el jefe de Sanciones.

La vista continuará mañana miércoles con las declaraciones de los vecinos de La Madrila.